Sr. director
Las recientes cifras del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, que indican que en el país 50.000 estudiantes se restaron del sistema escolar entre 2021 y 2022, no debieran dejarnos indiferentes.
Ya conocemos las graves consecuencias en el aprendizaje que dejó la pandemia al interior de las comunidades escolares -donde los colegios chilenos fueron los que mayor tiempo estuvieron cerrados en plena cuarentena- genera preocupaciones, esto levanta las alarmas y la gran pregunta es: ¿qué hacemos con todos aquellos a los que no les llegan las mejoras y los ajustes dirigidos a optimizar la educación formal?
El Estado debe entender que existe una deuda importante con estos niños. La educación es un derecho y las personas no deberían verse obligadas a desertar por ningún motivo. Es clave asegurar las condiciones para que todos -independientemente de su origen, estrato, edad o condiciones sociales y económicas- puedan tener acceso a aprendizajes. De esto dependerá que podamos acortar la brecha que ya se ha abierto y que podamos controlar el daño país que esto genera. Se necesita de tiempo, pero también eficiencia y colaboración permitirán garantizar un mejor futuro a nuestros niños y Chile.
Por Isabel Loncomil, profesora y cofundadora de LIRMI
