El pasado 13 de diciembre se formalizó al ex Intendente de Tarapacá, por el millonario sobreprecio pagado en las cajas de alimentos repartidas durante la pandemia. Este hecho no solo indigna a funcionarios públicos que trabajan por lograr un gasto público más eficiente, transparente y efectivo, sino que quiebra lo más difícil de recuperar: la confianza de la ciudadanía en el Estado, las instituciones públicas y sus autoridades.
La crisis política, social y sanitaria nos obligó a pensar en nuevas formas de dar solución a los problemas de siempre. La innovación, tecnología y la oportunidad de articulación público-privada nos permite idear herramientas más complejas que fortalezcan la gestión pública y a la vez responder simultáneamente a más de una demanda.
Al tener el Estado que apoyar a las personas en contexto de crisis económica, y a su vez, debe apostar por una economía más inclusiva y desconcentrada, resulta clave que el gasto público se transforme en una inversión que dinamice la economía de los barrios. Para esto, contar con mecanismos que permitan al sistema de Compras Públicas incorporar a las micro y pequeñas empresas en la provisión, directa o indirecta, de beneficios o transferencias, es imprescindible.
En estos momentos dónde es imperativa la necesidad de llegar con más y mejores soluciones a las personas, el rol que juega el Estado en articular y adaptar la innovación privada para el sector público, es fundamental para recuperar confianzas y avanzar en la modernización.
