Santiago.- La directiva del Colegio de Profesores solicitó al contralor general de la República, Ramiro Mendoza, que haga una fiscalización sobre cuatro aspectos, pero lo más apremiante acerca de las decisiones de las municipalidades de elaborar el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (Padem), lo que ha producido cierres de escuelas y fusiones de cursos en varias comunas del país.
Profesores y apoderados de Cerro Navia continuaban encadenados en las rejas de la Municipalidad y ocupan los accesos al recinto, en reclamo a estos procedimientos, porque esta situación está afectando a los niños que no tienen recursos para pagar un colegio particular subvencionado y dejando sin puesto de trabajo a los docentes.
“Hemos detectado que muchos municipios están cerrando escuelas a diestra y siniestra y no respetando el procedimiento que indica la normativa para elaborar un Padem. Están cerrando escuelas o fusionando cursos. Le pedimos derechamente al contralor que fiscalice a esos municipios si estos cumplieron con la normativa que establece la ley o no“, agregó el dirigente de los docentes, Jaime Gajardo.
Añadió que los Padem tienen que mostrar los documentos o analizar sus decisiones con los profesores, pero en estos casos ello no ha ocurrido.
“Entregamos un listado de municipios donde creemos que los Padem, los proyectos para el próximo año, lo han hecho entre cuatro paredes sin participación de los profesores y no respetando la normativa”, precisó Gajardo.
Por otro lado, el dirigente dijo que también le hicieron ver al contralor que “con los recursos de la ley CEP unos 10 mil profesores trabajan a honorarios, que según a nuestro parecer eso no corresponde, porque los honorarios es para una ley específica, para los asistentes que complementan la labor del profesor, pero no para los docentes”.
“La ley CEP va orientada para que escuelas especiales puedan hacer planes de mejoramiento, contratar psicólogos u otros profesionales, a los cuales sí los pueden contratar por medio de honorarios, pero con esos recursos están contratando profesores. Y le pedimos al contralor que fiscalice eso porque al profesor no se le puede contratar con honorarios porque se estaría transgrediendo el Estatuto Docente”, explicó Gajardo.
Sostuvo también que le pidieron al contralor Mendoza algo ligado a lo anterior, referente a la condición laboral de la planta docente de los profesores municipalizados.
“Lo que la ley permite hoy es que el 80% de la dotación docente sea titular y el 20% a plazo fijo, sin embargo los municipios tienen hasta el 50 o 60% de los profesores a plazo fijo y con ello están transgrediendo absolutamente las normas y la ley, y han hecho un abuso de la contratación de los maestros”, expresó Gajardo.
Del mismo modo, el presidente del magisterio dijo que expusieron los casos de dirigentes que “han sido perseguidos y sumariados en base a aspectos no ajustados a derecho. Específicamente el caso del dirigente nacional, Carlos Bastías, al que le hicieron un sumario y que la propia Contraloría de la Región de O’Higgins decretó que ese sumario estaba mal hecho, y sin embargo la autoridad no ha enmendado ese error, haciendo caso omiso al dictamen del organismo contralor de esa región”, sostuvo el dirigente.
