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3 de Marzo de 2011

Revelaciones de Wikileaks derivan en investigación por Castilla y Campiche

El diputado Alfonso De Urresti (PS) anunció que solicitarán una nueva comisión investigadora para analizar los proyectos termoeléctricos Castilla y Campiche.

 

Lo anterior, luego que la Sala de la Cámara de Diputados aprobara por 83 votos y una abstención, un informe de los procesos de aprobación de los proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos por parte de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Corema).

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El diputado Alfonso De Urresti (PS) anunció que solicitarán una nueva comisión investigadora para analizar los proyectos termoeléctricos Castilla y Campiche.

 

Lo anterior, luego que la Sala de la Cámara de Diputados aprobara por 83 votos y una abstención, un informe de los procesos de aprobación de los proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos por parte de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Corema).

 

En este sentido, el diputado del PS, Alfonso De Urresti valoró la aprobación de la comisión y anunció que dado nuevos antecedentes que se han filtrado a través de Wikileaks “solicitaremos la creación de una nueva instancia investigadora, ya que ha quedado en evidencia que ha habido irregularidades en la aprobación de estos proyectos

 

“Es claro que han primado intereses económicos y sectoriales, por sobre los intereses medioambientales, para aprobar estos proyectos. Esto debe llamar a reflexión para los futuros proyectos que se presenten en el Congreso. Por lo tanto, anunció que comenzarán a recabar los antecedentes del caso, para posteriormente reunir las firmas necesarias y echar a andar una nueva comisión investigadora tanto para la central Campiche y Castilla, como también para los megaproyectos del sur de Chile.”, señaló el parlamentario socialista.

 

El informe aprobado hoy por la Sala determinó la existencia de irregularidades en los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos por parte de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente.

 

Según consta en el texto “aquí hubo debido a una serie de hechos que configuran una política de “fast track” energético consistente en el apoyo y fomento de proyectos industriales energéticos poco sustentables, de alto impacto ambiental y al rechazo social”.

 

En sus conclusiones, el informe sostiene que “no existe una política del medio ambiente que permita aunar planteamientos y consensuar una visión global de la materia. Ello se expresa en el otorgamiento inorgánico de derechos de aprovechamiento de aguas, superponiéndolos unos a otros y provocando el desconocimiento de legítimos derechos”.

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