El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Silber, instó al Gobierno a promover una legislación mucho más enérgica y dura contra los delitos de colusión, luego de los casos conocidos en el último tiempo, particularmente el que comprometió a las cadenas de farmacias más grandes del país.
Silber, quien denunció ante Fiscalía Nacional Económica (FNE) la colusión de las cadenas de farmacias Cruz Verde y Salcobrand para fijar el precio de más de 200 medicamentos, hizo estas declaraciones luego de valorar el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que condenó a las firmas farmacéuticas a pagar 19 mil millones de dólares por el delito de colusión.
“Aquí quedó demostrado que hubo un daño real a las personas, que las farmacias pusieron en riesgo la salud de muchos de sus clientes, al coludirse con los precios de los medicamentos y, estos delincuentes de cuello y corbata, no sólo deberían pagar con multas el daño causado, sino que también con cárcel”, afirmó.
Sin embargo, el parlamentario dijo que es necesario promover sanciones mucho más rigurosas, por lo que llamó al Gobierno a dar urgencia a los proyectos que apuntan en esa dirección.
Respecto a la sanción obtenida por las farmacias, Silber dijo que el fallo del TDLC se ajusta a derecho y además establece la multa máxima. No obstante, recordó que lo que deberán pagar Salcobrand y Cruz Verde no irá en reparación del daño que causaron a los principales afectados, los usuarios.
“Veinte mil Unidades Tributarias Anuales es la multa máxima que podrían pagar estas cadenas, lo que me parece bien. Pero, ojo, se deberán pagar a beneficio fiscal, es decir que pese a la gravedad social de este delito todos los chilenos afectados por la colusión no recibirán ninguna reparación de daño por los perjuicios sufridos”, advirtió.
“Si hoy día existieran sanciones penales, los ejecutivos que cometen estos ilícitos no sólo cancelarían una multa millonaria, también pagarían con cárcel estas conductas, tal como un delincuente por un carterazo puede pasar en la cárcel hasta cinco años”, añadió.
