Una firma valiosa, un cargo perpetuo, una cartera de clientes garantizada y un poder sin contrapesos fue el premio que recibió la abogada Hilda Aguirre del Real en la década de los ’80 de parte de Augusto Pinochet, cuando era funcionaria del Registro Civil.
¿Premio a qué? Nadie lo sabe con certeza. Pero de que fue un premio, lo fue.
Transformarse en la titular del Archivo Judicial, un latifundio que comprende todas las comunas del Gran Santiago -con excepción de San Miguel-, y que sólo en 2010 le reportó a esta abogada de 84 años ingresos que oficialmente ascendieron a unos 1.822 millones de pesos (aproximadamente 152 millones al mes), según consta en resolución de la Corte Suprema , equivale, para cualquier abogado de plaza, a sacarse la Lotería.
Pero después de décadas de cuestionada gestión, las denuncias por cobros excesivos, mala administración, nepotismo y arbitrariedad en el manejo de la información que custodia junto a unos 30 empleados -entre los que figuran sus hijos Fernando y Aldo Castillo- se acumularon hasta reventar, y podrían terminar pasándole una cuenta definitiva.
Hoy la controvertida archivera judicial está en vías de ser cesada en sus funciones.
Una reciente demanda ejecutiva por incumplimiento sistemático del contrato de arriendo del inmueble donde funciona el Archivo, a la que se sumará una querella (en vías de ser resentada) por giro doloso de cheques, permitirían acelerar su despido del Poder Judicial.
Su salida ya había sido encaminada en marzo de este año, cuando la Corte Suprema, además de ratificar una resolución de la Corte de Apelaciones que la suspendió de su cargo por cuatro meses, le abrió un cuaderno de remoción, procedimiento administrativo previo al despido de un funcionario judicial.
Las dos nuevas causas ejecutivas en curso, sin embargo, le proporcionan al actual ministro visitador Omar Astudillo los elementos que le faltaban para sentenciar su salida.
Negocio redondo
Hilda Aguirre del Real, nombrada archivera judicial antes de que entrara en vigencia la ley que limitó la edad de los funcionarios judiciales en 75 años, pertenece a ese exclusivo club de las firmas mejor pagadas de Chile, que salen de la pluma entintada de notarios, conservadores y archiveros, el controvertido trío de funcionarios judiciales que lidera el ranking de ingresos en este país.
La octogenaria archivera tiene como misión conservar, administrar y proporcionar al público copias oficiales de todas las escrituras públicas extendidas en las notarías de su jurisdicción, y también de todos los expedientes judiciales (civiles y penales), que van a parar a su despacho.
Acuden a ella constructoras, inmobiliarias, jueces, y todo aquel que tenga interés en obtener copias de los tomos de escrituras empastados en cuero o de los expedientes cocidos a mano que duermen en el Archivo y que un tribunal puede considerar necesario desempolvar.
Esta función la realiza con sus propios medios. No recibe un salario fijo. Como los notarios, la ley le encarga poner a disposición de su cargo su arte, profesión y oficio, y la utilización de los medios más adecuados e idóneos para cumplir el objetivo que le fue encomendado: resguardar la Fe Pública.
Los millonarios ingresos que obtiene a cambio de esa función se explican en el valor comercial de su firma. Al Archivo Judicial no se va por fotocopias simples. Todas las copias deben ser obligadamente autentificadas por Hilda Aguirre, con el original a la vista.
A modo de ejemplo, cada carilla doble de una escritura firmada por ella cuesta $4.600. Considerando que una escritura pública puede tener en promedio 45 carillas, salir con ella bajo el brazo de las dependencias del Archivo Judicial le puede costar a un usuario, en promedio, unos $207.000.
Son varias transacciones como ésta las que alimentan diariamente el millonario negocio que lidera Hilda Aguirre. Y a ellas se suman las llamadas atenciones “express”, que aceleran los plazos de entrega de un expediente, pero también su valor.
Un historial increíble
No es extraño que en varias décadas de gestión las denuncias hayan sido una constante en la hoja de vida de la Archivera. Son varios los tirones de oreja que ha recibido de la Corte de Apelaciones de Santiago, entidad a la que reporta directamente como funcionaria judicial auxiliar en la administración de justicia.
Las acusaciones, sin embargo, se incrementaron a partir de 2007. Ese año fue denunciada ante la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, por no haber informado del hallazgo, en enero de 2006, de osamentas en las dependencias donde funcionaba el Archivo Judicial en ese momento: Carmen 339.
Allí, según consignó El Mostrador en su momento, funcionó durante los 70 y 80 el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, centro en el cual se sospecha que se fabricó una gama de venenos para asesinar a opositores de la dictadura militar, entre ellos, al ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
Ese mismo año 2007 comenzaron también las denuncias por incumplimiento en el contrato de arriendo del mismo inmueble de calle Carmen, lugar donde el Archivo Judicial comandado por Aguirre se instaló en noviembre de 1997. Ese incumplimiento es precisamente el que hoy tiene a la funcionaria judicial entre la espada y la pared.
Pero entre medio Hilda Aguirre fue salpicada además por denuncias de narcotráfico entre sus empleados, cuestión que al ser investigada a fondo puso en evidencia los problemas de administración que se venían acumulando en su archivo.
En 2011 la ministra Amanda Valdovinos inició una investigación sumaria que concluyó con una resolución de la Corte de Apelaciones que la suspendió de su cargo por cuatro meses, designando en su reemplazo a un archivero interino.
La investigación dio cuenta de “una organización muy primitiva al interior del archivo que se mantiene por más de cuarenta años desde que el oficio era servido por su anterior titular en la década del setenta, y pese al tiempo que ha permanecido la actual archivera en su cargo y a los altos ingresos que se reciben por el servicio prestado, no se han incorporado ni las tecnologías ni los avances que en materia de gestión pudieran servir al cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley”.
Asimismo, habla de un “descontrol al interior del archivo”, de “la precariedad de los recintos en los que se mantienen los libros”, de “el deterioro del clima laboral” por la “deficiente distribución de tareas y remuneracionbes, en que se ven claramente favorecidos parientes de la señora archivera”, del “incumplimiento reiterado de las órdenes e instrucciones de los tribunales y en una atención deficiente y tardía de abogados y público en general”.
Dando cuenta además de que “el permanente conflicto de la señora archivera titular con sus arrendadores por falta de pago oportuno de sus compromisos la ponen en peligro inminente de desalojo de los inmuebles que ocupa, junto con los documentos que se le han mandado custodiar”.
En el marco de esas diligencias la Policía de Investigaciones tomó declaraciones a los funcionarios del Archivo, quienes atribuyeron todas las responsabilidades a la Archivera.
Aunque Aguirre apeló a la medida, a fines de marzo de este año la Corte Suprema ratificó la resolución del tribunal de alzada con los votos en contra sólo de los ministros Rubén Ballesteros y Sergio Muñóz, quienes fueron de la opinión de absolverla. Es decir, se mantuvo la suspensión de la funcionaria y se le abrió además un cuaderno de remoción, que fijó la antesala de su despido.
Aguirre siguió suspendida de hecho, hasta que concluyera la investigación de la ministro Valdovinos. Cuando ello ocurrió la Corte dio por cumplido el castigo. Pero no especificó si la suspensión debía mantenerse mientras estuviera abierto el cuaderno de remoción.
Existe un principio jurídico que plantea que “donde la ley no distingue, no es lícito al hombre distinguir”. Ese principio permitió que Hilda Aguirre del Real volviera en gloria y majestad al Archivo Judicial a comienzos de mayo de este año. “Nadie le permitió volver, pero al no haber una sanción superior a los cuatro meses de suspensión, quedó exculpada de cualquier otro castigo que no fuese la apertura del cuaderno de remoción”, explica un abogado cercano a la investigación.
La Fe Pública en peligro de desalojo
Pero durante la ausencia de Hilda Aguirre pasaron muchas cosas. Una de ellas es que, repentinamente, el Archivo Judicial abandonó el inmueble de calle Carmen, dejando a sus dueños con una deuda impaga de 30 millones de pesos, para trasladarse a Almirante Latorre 380.
Foto capturada durante el cambio de domicilio del Archivo Judicial
La mudanza, sin embargo, quedó a medias y hoy parte de los expedientes del Archivo permanecen en el inmueble de Carmen. Sus dueños no pueden intervenir. Como Aguirre no ha hecho entrega oficial del local, si lo hicieran podrían incurrir en violación de domicilio. El contrato termina en agosto de 2012 y sigue corriendo la deuda.
Esta situación es la que gatilló la demanda ejecutiva por incumplimiento de contrato de arriendo en contra de Aguirre, después de algunos intentos por repactar la deuda. Todos fallidos.
Según los abogados del propietario del inmueble de Carmen 339, la Archivera dejó de pagar el arriendo en noviembre de 2008. Hubo un avenimiento de las partes en agosto de 2009, después de que se le advirtiera al presidente de la Corte de Apelaciones que había riesgo de demandar y desalojar nada menos que la Fe
Mensaje entregado al público por funcionarios del Archivo Judicial.
Pública (expedientes y escrituras) guardada en el inmueble. En esa ocasión la Archivera se comprometió a pagar cada mes el arriendo en curso, más uno atrasado, pero terminó incumpliendo el acuerdo.
A mediados del año pasado, en una medida desesperada, y ante la presión de sus acreedores, Hilda Aguirre documentó la deuda con dos cheques de una cuenta bipersonal del Banco Santander firmados por su hijo Aldo Castillo, funcionario del Archivo.
Uno fue girado con fecha 20 de julio de 2011 y protestado al día siguiente. El otro fue girado con fecha 20 de agosto de 2011 y protestado el 23 tres días después. Ambos documentos suman aproximadamente 15 millones de pesos y fueron protestados por orden de no pago, acción que supone hurto, robo, extravío o falsificación, y que fue utilizada como artilugio por Aguirre y su hijo, para dejar de pagar con un argumento legal. La ley de cuentas corrientes, en todo caso, no reconoce ese mecanismo.
Las causas C-3168-2012 y C-3169-2012 del 21 de enero de este año alojadas en el 13° Juzgado Civil de Santiago notifican el protesto de los dos cheques. Y como se certificó que no se consignó capital de intereses y costas al tercer día de efectuadas estas notificaciones, se produjo instantáneamente el delito de giro doloso de cheques, según explican los abogados de los propietarios del inmueble de carmen 339.
Que la archivera Hilda Aguirre del Real, con ingresos superiores a los 150 millones de pesos mensuales, no tenga dinero para pagar una deuda por arriendo de 30 millones de pesos, sólo se explica, de acuerdo con los abogados consultados que conocen de cerca su situación, en el complejo entramado familiar que opera en el Archivo.
En efecto, la funcionaria tiene a dos de sus cuatro hijos trabajando con ella. Por un lado está Fernando Castillo, abogado, suplente de su madre y encargado de los expedientes. Y por otro está Aldo Castillo, quien vela por las finanzas del negocio de su madre y a quien se suele ver en la caja del Archivo. “Ellos, sus nietos y todos los empleados del archivo se nutren de su negocio. Ella es esquilmada permanentemente por su familia y sus empleados”, asegura una fuente.
A esta situación se sumarían problemas tributarios, deudas previsionales y un convenio colectivo que agrupa a los empleados del Archivo, de acuerdo con el cual no se podría alejar a ningún empleado sin antes pagarle una pequeña fortuna, que en algunos casos, según fuentes que conocen de cerca esta negociación, alcanzan los 400 millones de pesos.
El Dínamo intentó comunicarse con Hilda Aguirre del Real para notificarle la realización de este artículo y obtener su versión, pero ella se negó a contestar.
