La jueza Mireya López se encuentra a cargo del caso exonerados desde el 5 de junio, y ahora se está decidiendo la mayor diligencia del caso.
En reunión con el Departamento de delitos económicos del OS-9 de Carabineros se decidió rastrear a las 3 mil personas cuestionadas por recibir beneficios, según informa La Tercera.
“La diligencia apunta a determinar si estas personas están vivas o muertas, para luego comenzar a recabar antecedentes y tomar sus declaraciones”, apuntan fuentes cercanas a la investigación.
Con esto, la magistrada podrá establecer los motivos y formas en que estas personas accedieron a las pensiones y determinar eventuales ilícitos. A diferencia de Contraloría, cuyas atribuciones se circunscriben a verificar el cumplimiento de los requisitos en términos administrativos.
El análisis que efectuó el organismo fiscalizador -a un universo de 9.145 expedientes- habría detectado pagos a personas fallecidas y listas con postulantes sin nombres. La investigación que instruye la ministra López se encuentra bajo secreto de sumario.
