Este martes en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, llegó en calidad de “citado”, bajo apercibimiento de arresto,el ex ministro del Deporte de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle.
Esto, porque en medio del caso de la “colusión del papel confort”, el ex secretario de Estado y también ex gerente de una de las empresas investigadas (SCA, entonces PISA), no se habría presentado a prestar declaración ante el fiscal de la Zona Metropolitana Sur, Cristián Galdames, quien lleva adelante las indagatorias en el ámbito penal en este caso.
Este caso que se generó a partir de un requerimiento por parte de la Fiscalía Nacional Económica, a causa de que ejecutivos de PISA, cuyo dueño era el ex titular del deporte, y de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), del grupo Matte, se habían reunido y ajustado durante cerca de 10 años los precios de los productos derivados del papel, como pañuelos, servilletas y papel higiénico, entre otros.
En el transcurso de esta mañana, de acuerdo a Radio Bío-Bío, al enterarse de esta situación, Ruiz-Tagle se habría puesto inmediatamente en contacto con funcionarios del ente persecutor para prestar declaración lo más pronto posible. A su entrada a la sede local del Ministerio Público el ex titular del Deporte declaró que “no existe nada, yo no he sido citado. Vengo voluntariamente (…) Primera noticia que tengo y he venido inmediatamente con mi abogado. No hay ninguna orden, nada. Lo que me interesa es conocer las preguntas del fiscal”.
De acuerdo a La Tercera, Ruiz-Tagle no se habría presentado en tres oportunidades ante instancias del Ministerio Público. Por tanto habría sido citado en esta ocasión a declarar bajo apercibimiento de arresto. En la resolución del Juzgado de Garantía de Puente Alto se establece que se debe “conducir al referido imputado compulsivamente a las oficinas de la Fiscalía Local de Puente Alto, en horario de oficina, debiendo ser advertido de su derecho a guardar silencio y dejado en libertad inmediata si hace uso de éste“.
La arista penal tuvo su inicio con la presentación de una denuncia de los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD), por el delito de alteración fraudulenta de precios. Este ilícito tiene penas de reclusión que oscila entre 61 días a tres años, más una multa de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales.
Además, en esta tarde, tendrán lugar los alegatos ante el Tribunal Constitucional, a causa de que el Tribunal de la Libre Competencia, donde está radicado el caso que presentó la Fiscalía Nacional Económica, ha negado los antecedentes a la Fiscalía Sur para que estos a su vez puedan realizar su investigación de carácter penal. En el proceso del TDLC sólo existen penas de multa y no de presidio.
