Parlamentarios de la coalición oficialista Nueva Mayoría y de la oposición pidieron la renuncia del administrador del Palacio de La Moneda, Cristian Riquelme, por haber recibido un préstamo de cerca de 41.000 dólares de parte del recaudador de la campaña de Bachelet, relacionado con financiación irregular.
El diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, cuestionó este domingo que Riquelme continúe en su cargo en el palacio de Gobierno y criticó a los parlamentarios que aseguran que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no tiene nada que ver con los hechos.
Ello, después de que este sábado se supiera que el recaudador de fondos de la campaña de Bachelet, Giorgio Martelli, imputado por delitos relacionados con la financiación ilegal de la política, otorgó un préstamo al actual administrativo de La Moneda.
En la declaración que Martelli ofreció ante la fiscal Carmen Segura en el marco del caso SQM el pasado 13 de diciembre, el operador político de la Nueva Mayoría reconoció que el administrador Riquelme habría recibido ocho pagos realizados en 2013 para financiar la campaña electoral de Michelle Bachelet.
Las ocho transacciones a Riquelme habrían superado los 30 millones de pesos (41.000 dólares).
Martelli señaló ante la justicia que Riquelme le solicitó “recursos para la campaña” y que él se los prestó porque “tenía compromisos con la campaña”, consigna la declaración publicada este sábado por La Tercera.
Ello ha propiciado diversas reacciones entre distintos parlamentarios quienes emplazaron al director administrativo de La Moneda a dejar su cargo.
“Esta es una agravante más para que Cristian Riquelme dé un paso al lado, salga de La Moneda y no siga avergonzando al Gobierno y a la Presidenta“, manifestó el diputado socialista Juan Luis Castro.
Según el diputado José Manuel Edwards el hecho demuestra que “lo que la empresa Caval hacía era utilizar la influencia de los familiares de la Presidenta Michelle Bachelet en beneficio de su familia“.
La semana pasada la justicia revocó el arresto nocturno que pesaba sobre Martelli, quien ahora quedó con firma quincenal y arraigo nacional tras ser formalizado por el caso SQM.
Martelli fue imputado formalmente por presuntos delitos cometidos entre 2009 y 2013, periodo durante el cual ejerció como operador político de las campañas de la coalición de centroizquierda, incluida la de la actual mandataria en las últimas presidenciales.
A Martelli se le imputan pagos a su empresa Asesorías y Negocios (AyN) desde la Sociedad Química y Minera (SQM), controlada por Julio Ponce Lerou, el exyerno de Augusto Pinochet, por un valor de 246 millones de pesos chilenos (unos 500.000 dólares de la época), que presuntamente habrían sido destinados a la campaña de Bachelet. EFE
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