Este martes el Séptimo Juzgado de Garantía debiera continuar escuchando los testimonios de los familiares de las víctimas del maremoto que asoló gran parte de la zona centro sur del país tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
De momento, sus declaraciones han girado en torno a una potente oposición al acuerdo al que llegó el Ministerio Público con los imputados de este caso, que implican el pago de dinero, la organización y participación en un seminario sobre el desastre, y además la lectura de una declaración respecto de los hechos.
Sin embargo, en esta jornada se comenzó a percibir un problema: cerca de treinta personas, no pudieron llegar al Centro de Justicia, en la capital, ya que no tenían un lugar para hospedarse. Muchos de ellos no tenían dinero para comprar comida en esta jornada.
En conversación con Radio Bío-Bío, algunas de estas personas acusaban que la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía no prestó, irónicamente, la atención que correspondía. “Se suponía que venían acá, que les iban a dar almuerzo, que se iban a preocupar de eso pero no se preocuparon de nada”, indicó una de estas personas.
El abogado Raúl Meza explicó a la magistrado Carolina Gajardo que muchos familiares de víctimas “lamentablemente no pudieron retornar para efectos de esta audiencia (…) ayer llegaron a las cuatro de la mañana sin desayuno y no tuvieron alimentación durante todo el día. Entendemos que hay una unidad de Víctimas y Testigos de parte del Ministerio Público, y por tanto, queremos que se dé cuenta por parte del Ministerio Público cuáles son los recursos que puso a disposición”.
Hasta media mañana del martes, sólo declaró una sola familiar.
