La diputada Camila Vallejo se mostró contraria a la decisión de la Intendencia de instruir al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que los padres de los estudiantes que participaron en la toma del Internado Nacional Diego Barros Arana (INBA) costeen los gastos de los destrozos provocados.
La parlamentaria dejó en claro que esta en contra de los desmanes en el movimiento estudiantil, ya que “ellos mismos han tenido, lamentablemente, que ver la forma de financiar los daños. Pasó eso, y también en años anteriores, cuando se incendió y quemó el automóvil de una persona, el movimiento estudiantil tuvo que recurrir con el pago de los daños, aún cuando no era convocado y no eran efectuados por el mismo movimiento estudiantil estos daños”.
Y es que para Vallejo, esto “contribuye más bien a una agenda conservadora que busca incrementar la represión policial y en nada posicionar las demandas del movimiento social”.
Así, rechazó que se instruyera al CDE para querellarse contra los apoderados de los alumnos que fueron parte de la toma en el INBA, expresando a radio Biobío que es “una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. No se puede responsabilizar únicamente a los padres, yo desconozco la situación de cada uno de los padres y los problemas que estén detrás de cada una de esas familias, y por lo tanto aquí hay que ver de dónde se origina esa violencia”.
“(Es) una responsabilidad no privada de una familia, de un padre, de una madre que puede ser un padre que esté incluso en la cárcel, o puede ser una madre que sea madre soltera, que no tenga tiempo para… Una responsabilidad social. Una responsabilidad de todos los chilenos y, por lo tanto, hay que ver qué políticas públicas, qué acciones tomamos de manera colectiva para combatir este tipo de situaciones”, agregó.
Por su parte, el también PC Daniel Núñez fue aún más duro y recalcó que “si el Consejo de Defensa del Estado quiere recuperar el patrimonio, lo mejor es que haga una querella en serio contra Soquimich, contra las empresas que le han robado a millones de chilenos, porque la verdad es que es ridículo que castiguemos a una familia por una situación de un conflicto social cuando tenemos escándalos como lo que hace Soquimich, que todos los días nos roba a millones de chilenos, nos roba el litio y resulta que el Estado de Chile lamentablemente actúa ahí con lentitud, con una burocracia impresionante”.
“Entonces, a los chicos, a la familia individual, a la gente modesta, todo el peso de la ley, pero a los poderosos pucha que nos cuesta meterlos a la cárcel, pucha que nos cuesta juzgarlos. El señor Orpis, que cometió delitos de sobra, resulta que además, delitos probados, delitos demostrados, no va a la cárcel porque tiene, entre comillas, irreprochable conducta anterior”, precisó.
