La Corte Suprema calificó de “arbitrario” el actuar de la Contraloría General de la República, cuya sede en Antofagasta emitió un dictamen que impedía el establecimiento tanto de un supermercado popular como de una farmacia de esas mismas características en Tocopilla.
Esto ocurrió, según publica La Tercera, porque se emitió una resolución sin que el entonces alcalde, Fernando San Román (PRO), alcanzara a fundamentar diversos aspectos vinculados a las normas, competencias y financiamiento, que permitirían la implementación de este plan.
Por tanto, lo que ocurrió es que ahora se deberá realizar un nuevo proceso de presentación de proyecto, pero tanto el supermercado como la farmacia popular quedarán de momento detenidos porque el nuevo alcalde, Luis Moyano (IND) manifestó que existe un déficit en el municipio.
“Oficié a la Contraloría para que investigue el gasto en que se incurrió para construir el almacén y la farmacia sin tener la autorización. Además, se compraron y repartieron remedios a particulares y juntas de vecinos sin tener un profesional químico farmacéutico para que asesorara estos actos”, indicó el edil electo.
San Román lamentó esto, ya que dijo que se trata de “programas que benefician a familias tocopillanas que los necesitan, y el supermercado popular beneficiaría a muchos adultos mayores que tienen pensiones miserables”.
