El pasado 11 de enero, Marco Enríquez-Ominami presentó ante el Juzgado del Crimen de Santiago, una demanda por cien millones de pesos en contra del Estado de Chile por la muerte de su padre, Miguel Enríquez, durante la dictadura militar.
A través de su abogado, Hernán Fernández, el líder del PRO dirigió el documento al ministro Mario Carroza, quien investiga la participación de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el deceso del dirigente del MIR.
El ex parlamentario acusa los daños morales que sufrió durante su infancia y adolescencia, una vez que regresó del exilio, ya que “se lo juzgaba por lo que hacía o por lo que no podía hacer. Por no ser el heredero que esperaban de su padre, fue también agredido y hostigado”, publicó El Mercurio.
Consultado por esto, Ominami sostuvo que “lo consulté con mi círculo familiar más íntimo. Es una decisión personal que no es a nombre de la familia. Soy yo quien decidió dar este paso (…) Me causa mucho dolor. No es que uno disfrute a los 43 años revivir el asesinato de su padre”.
En el caso de que la justicia falle a favor de ME-O, el dinero se destinará “a una institución humanitaria privada dedicada a la protección y defensa de los derechos de los niños y niñas residentes o inmigrantes en Chile”.
