Este miércoles por la tarde la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pretendía recibir al ministro Felipe Larraín y al ex titular de esa cartera Nicolás Eyzaguirre para explicar las razones de la existencia de supuestos gastos comprometidos por US$5.567 millones de dólares sin financiamiento en la Ley de Presupuestos para el período de cuatro años.
El primero asistió, mientras que el segundo se restó, pese a haber afirmado que buscaría explicar ante el Congreso las polémicas cifras cuestionadas desde el Ejecutivo.
Esto luego de que la semana pasada comenzará a circular información al interior de esa secretaría de Estado sobre los gastos en cuestión y la situación de déficit que asegura el Gobierno existe actualmente, vinculada al aumento del gasto público entre los años 2014 y 2015, lo que salió a anunciar Larraín más tarde.
Para sanear esto, el Gobierno propone “mejorar la situación fiscal a través de la convergencia al balance estructural en un plazo de 6 a 8 años y estabilizar la evolución de la deuda pública como porcentaje del PIB”, así como “anunciar una profundización de las medidas de austeridad fiscal“. A esto se suma ahorro para gastos prioritarios y para financiar el programa de Piñera.
El ministro Larraín aseguró que se han “detectado gastos comprometidos sin financiamiento en torno a US$5.500 millones para el periodo 2018-2021” por presiones de gasto adicionales a las que tenían consideradas, por gastos asociados a programas que están operando, proyectos que pese a tener informes financieros no se contabilizaron ni en el Presupuesto 2018 ni en las cifras que recibió Dipres en marzo pasado.
Para este año, en esa línea, hay gastos por US$1.571 millones, donde mil millones corresponden al sector Salud, mientras que el resto “obedece a subsidios de incapacidad laboral relacionados con mayores licencias médicas del sector público Fonasa; obligaciones no pagadas por municipalidades en relación al traspaso de colegios al Servicio Local de Educación y a otros gastos”.
“Para los años siguientes las presiones ascienden a US$1.561 millones en 2019; US$1.228 millones en 2020 y US$1.207 millones en 2021”, dicen en la cartera, ejemplificando que los gastos del presente periodo equivalen a casi la totalidad del Presupuesto del Ministerio de Transportes y la mitad del Ministerio de Vivienda.
Ante estas acusaciones, Eyzaguirre justificó que “una cosa son las presiones de gastos y otra cosa son los gastos comprometidos. La palabra comprometidos denota que hay una ley que lo habilitó y, por lo tanto, que son legales”, afirmando que estaba dispuesto a ir al Congreso a explicar esto y enfrentarse al ministro Larraín.
“Lo que está comprometido no son los US$ 5.500 millones eso son presiones adicionales que ellos estiman va a ocurrir por una tendencia de aumento de cobertura, por ejemplo en licencias o atención hospitalaria”, dijo el ex jefe de las finanzas públicas en una entrevista.
Luego, afirmó: “Lo que la gente va a creer es que debíamos US$ 1.000 millones por lo que dijo el ministro de Economía, y ahora que nos faltan US$5.500 millones, no se puede jugar con estas cosas. Que van a pensar los tenedores de bonos internacionales de Chile, este es un país medio riesgoso, deben mucha más plata de la que dicen”.
El duro enfrentamiento de Larraín
La cita del ministro en la comisión implicó un duro enfrentamiento con los diputados de oposición, sobre todo aquellos que son parte de la ex Nueva Mayoría y salieron a defender a Eyzaguirre y el gobierno de Michelle Bachelet de las críticas hechas por el Ejecutivo. Felipe Larraín explicó que, más allá del origen de los gastos, se trató de un “error” y afirmó que es producto del “desorden” en la gestión presupuestaria.
“Todo lo que hemos planteado está respaldado por números. Nos vamos a hacer cargo de este problema. Decir la verdad siempre debe ser bien acogido cuando está sustentado”, dijo el titular de Hacienda, ante las críticas de los legisladores. El diputado Pablo Lorenzini (DC) -presidente de la comisión- cuestionó que se consideraran en el supuesto déficit proyectos de ley no aprobados aún o retirados del Congreso.
“Entonces, se retiran los proyectos y se acaba el problema”, le dijo al ministro. A la vez, éste respondió que en dos semanas presentará nuevas medidas de austeridad y poder financiar en parte los US$ 5.500 millones comprometidos.Al debate se sumó Rodrigo Cerda, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), apuntó a que la metodología que se usa hoy de programación del gasto público “hay un desfase de gastos que estaban contabilizados en 2017 y por subejecución pasan al 2018. Eso hace que el techo de gasto se incremente, por lo que es una presión de gasto”.Tras esas explicaciones, los diputados comenzaron con consideraciones más políticas. “Hay una intencionalidad política para reducir la presión fiscal. Se quiere tocar fondo para luego hacer las cosas que sean posibles en la medida que la situación fiscal lo permita. ¿No se requerirá más bien una mayor recaudación tributaria en vez de una baja de impuestos?”, cuestionó el diputado de RD Giorgio Jackson.
En esa línea, el PS Manuel Monsalve le retrucó: “Requerimos claridad, ¿se quiere bajar el gasto público? Se está creando el escenario para ajustar”. El ministro salió a responder: “No hemos tratado de dar una señal de alarma sobre la situación fiscal. Más bien es un téngase presente. No vamos a reducir el gasto ni la carga tributaria, sino que vamos a reestructurar la carga. Vamos a hacernos cargo de los gastos comprometidos y no los vamos a recortar”.Esta mañana, el segundo ministro de Hacienda de la adminitración de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, publicó una carta en El Mercurio, donde criticó también a Larraín, afirmando que sus análisis son incorrectos y exagerados, especificando que Hacienda exageró respecto a la situación fiscal de mediano plazo y escribió que “buena parte de esta desagradable sorpresa se revertirá en menos de dos años sin mediar acción alguna”.
Además, Valdés apuntó a que las presiones por mayor gasto se dan todos los años y que es incorrecto considerarlas gastos comprometidos. Además recalcó que “es mala política validar completamente estas presiones, lo adecuado es gestionarlas”.
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