La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (141 votos) el proyecto que actualiza la regulación y moderniza el sistema de firma electrónica y lo despachó al Senado para su tercer trámite legislativo.
El proyecto, impulsado por el Gobierno e ingresado a trámite en julio de 2012, busca masificar el uso de la firma electrónica avanzada introducida en 2002 con la Ley 19.799 y perfeccionada en 2007. Asimismo, se pretende reforzar su marco legal y fortalecer el sistema de confianza en torno a este mecanismo.
Los cambios impulsados al texto aprobado por el Senado en el primer trámite pasan por facultar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia a elaborar un reglamento que especifique casos en que se usará la firma electrónica avanzada en la administración del Estado.
Asimismo, le entrega atribuciones a dicha cartera para extender certificados en este ámbito y se le asigna la tarea de elaborar decretos que regulen procedimientos de certificación de funcionarios y autoridades de la administración del Estado.
Además, se promueve la creación de un repositorio de acceso público a certificados y la aceptación de “otras formas de comparecencia no presenciales”, para efectos de comparecer ante notario u oficial del registro civil.
También se establece que el término de vigencia de un certificado será imponible a terceros mientras no conste en el correspondiente registro de acceso público y se determina que un plazo de 90 días, contados desde la publicación de la ley, para la emisión del reglamento correspondiente.
