El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 estudiante de medicina de la Universidad de Chile, quien fue detenida y sometida a tortura en dependencias de la Fuerza Aérea, en octubre de 1973.
En el fallo, el juez Víctor Bergamín Salas acogió la acción judicial y ordenó el pago indemnizatorio a la demandante, tras establecer que fue víctima de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles en el aspecto penal y civil.
La resolución se basa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Chile en 1990, en virtud de la cual los estados signatarios reconocen, entre otras garantías fundamentales, que se reparen las consecuencias de la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
El fallo también consigna que de los tratados internacionales suscritos por Chile, se concluye que el Estado debe cumplir “no sólo con su obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, sino que también repararlos en su integridad”.
