Un 38% de los imputados que fueron formalizados bajo la Ley de Seguridad del Estado una vez iniciado el estallido social, se encuentran en prisión preventiva, según dio a conocer La Tercera.
Son en total 45 los casos que fueron dispuestos ante un tribunal, luego de que el mismo Ministerio del Interior invocara esta legislación, la que eleva las penas en determinados delitos contra el orden público.
Entre los hechos que investiga el Ministerio Público, se encuentra la quema de una iglesia en la Región de Los Lagos, ataques con bombas molotov a la policía en distintas zonas del país, la quema de estaciones del Metro de Santiago, el levantamiento de barricadas en líneas férreas en Pedro Aguirre Cerda, entre otros delitos de gran connotación.
Las regiones que concentran más casos con formalizados bajo la Ley de Seguridad del Estado son Atacama (14 causas); la Región Metropolitana (12) y Coquimbo (5).
De los 45 casos, son 17 quienes están cumpliendo prisión preventiva, los que se suman a otros cinco imputados que estarían cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario. Los restantes 23 estarían sujetos a una firma mensual, la prohibición de salir del país o bajo la sujeción del Sename.
