El Ministerio de Salud (Minsal) creó el “Manual de Fiscalización de la Ley 21.030”, popularmente conocida como la Ley de Aborto en 3 causales.
Esto debido al último reporte del Minsal sobre la normativa. En 2019, se hicieron 768 abortos, 92 de ellos en clínicas y 676 en hospitales. Sin embargo, las cifras no cuadran, generando dudas.
En 2018 y 2019 se interrumpió la misma cantidad de embarazos producto de violaciones: 124 en ambos casos. Además, el registro de 2019 muestra que los hospitales practicaron 123 abortos por la misma causal, mientras que las clínicas reportaron solo uno, según consigna La Tercera.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció al matutino que “la implementación de esta ley requiere un nivel de fiscalización más alto de lo que hemos tenido hasta ahora”.
En la misma línea, la autoridad sanitaria agregó que “esto es una ley nueva, que implica un cambio cultural enorme, incluso en los prestadores, y requiere de un período de aprendizaje, y en ese período hemos detectado que los mecanismos de fiscalización que tenemos no son suficientes y que hay que perfeccionarlos”.
Mañalich detalló que durante la fiscalización de la normativa, “en los prestadores públicos se dieron reportes que debieron ser corregidos, autorreportes. Y en los prestadores privados tenemos una sospecha de subreportes”.
Por su parte, Gonzalo Rubio, ginecoobstetra del Hospital San José y parte del equipo redactor del programa de acompañamiento, explicó que “en el sistema público la causal de violación se presume como una urgencia y llegan mujeres del sistema privado. Nosotros las atendemos, no se cuestiona si es Fonasa o isapre, pero sería interesante que el Minsal evalúe por qué esas mujeres se están atendiendo en hospitales. Yo creo que probablemente sea porque hay más trabas en su sistema”.
También planteó sus dudas sobre los reportes de violaciones, argumentando que “si uno piensa que el 80% de la población se atiende en sistema público y el 20% en el privado, deberían ser por lo menos 20 casos en el sistema privado por esa causal”.
En la misma línea, la presidenta del Colegio Médico, Izquia Siches, también manifestó sus dudas indicando que “se habían estimado más de tres mil interrupciones anuales, que es lo que teníamos notificado anteriormente, según las mismas causales, pero no se ha llegado a eso”.
Siches añadió que “muchas veces las beneficiarias de prestadores privados fueron derivadas al sector público, porque no se tenían los protocolos. Por eso las cifras son cuestionables, pero pareciera evidente que existan más interrupciones por violaciones en los centros privados”.
La nueva pauta de fiscalización comenzará a implementarse en el mes de marzo, estando a cargo de la Seremi de Salud, en donde se incluye un muestreo aleatorio en los centros de salud y la revisión de toda la cadena de procesos.
También se establecen eventos “centinelas”, como el protocolo de derivación en los centros de salud objetores. En caso de incumplirse, se abren sumarios sanitarios y se pueden aplicar sanciones.
Finalmente, Mañalich sentenció que “es difícil saber qué temperatura tiene una persona si no tiene un termómetro, y en ese sentido, no teníamos un termómetro”.
