La Fuerza Aérea de Chile (FACH) salió al paso del informe de Contraloría General de la República diera cuenta de irregularidades en las comisiones de servicios al extranjero, fletes, viáticos y pasajes aéreos, entre 2017 y 2018, que no tienen respaldo y que ascienden a US$ 1,3 millones.
Esto hizo que el diputado PS Leonardo Soto presentara una denuncia penal ante la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, en el llamado caso FACh Gate.
Frente a esto, la institución dio a conocer un comunicado donde consigna que “presentó un recurso de reconsideración ante el Contralor general de la República, con la finalidad que se reconsideren y/o aclaren las conclusiones del citado informe, dado que los criterios aplicados por la institución se realizaron en base a la normativa vigente a la época”.
Junto con ello, recalcó que “se debe señalar que a diferencia de lo consignado en los medios de prensa, el informe indicado no contiene observación alguna o reproche en relación a eventuales beneficios pagados a cónyuges, situación que la institución tiene resuelta y prohibida desde el año 2010, y solo considera eventuales restituciones de dinero en relación a 220 funcionarios institucionales, tanto oficiales, suboficiales y personal civil”.
La FACH reiteró que mantiene la convicción que “el personal institucional incluido en el informe actuó de buena fe, en estricto apego a las normas legales y reglamentarias vigentes a esa fecha”.