El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó al Estado pagar $3.791.500.000 de indemnización total por daño moral a las familias de los presos que murieron en el incendio que afectó a la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010.
Cabe recordar que, en la oportunidad, fallecieron 81 internos, debido al siniestro originado tras una riña, sin que fuera contenida por funcionarios de Gendarmería y sin alertar a Bomberos.
De acuerdo a información de Radio Bío-Bío, en la causa se establece que la cárcel de San Miguel no contaba con vías de evacuación y presentaba un hacinamiento del 300%.
“Lo razonado permite establecer que la administración no observó el patrón de conducta que se esperaba, pues ni aun la precariedad que el servicio poseía —o posee— justifica las omisiones en que incurrió, todas ellas constitutivas de falta de servicio”, expresó la jueza Carolina Ramírez.
De esta manera, el tribunal estableció los montos de compensación que el Estado deberá pagar a cada familiar, indemnizaciones que dependen de la realidad de cada familia demandante, siendo la más alta de $150 millones.
Por ejemplo, los familiares de Bastián Arriagada, joven que se encontraba recluido por vender CDs piratas, recibirá 45 millones.
Además se informa que la resolución es de primera instancia, pudiendo ser apelada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
