Luego que la PDI desbaratara una banda compuesta por 9 personas que se dedicaba a ingresar ilegalmente a migrantes al país, a quienes se les cobraba US$ 200 dólares por trasladarlos y que habrían posibilitado la entrada de 3.600 personas desde febrero a la fecha, los diputados de la UDI, Renzo Trisotti y Juan Manuel Fuenzalida, llamaron al Gobierno a otorgarle la mayor de las urgencias a un proyecto de ley ingresado a mediados de 2019, y que busca aumentar las penas asociadas a este tipo de delitos y trata de personas.
Al respecto, los parlamentarios explicaron que la actual legislación castiga a quienes actúan como “coyotes” con una pena de delito simple, que va desde los 541 días hasta los 5 años, y que por lo tanto podrían cumplir en libertad.
En cambio, el proyecto ingresado hace ya dos años modifica la calificación, pasando de simple delito a la de crimen, arriesgando penas que van entre los 5 y los 15 años de presidio efectivo.
“La frontera norte de nuestro país se ha convertido en un escenario ideal para que actúen bandas como la que fue detenida en esta jornada. En los últimos años vemos que ha aumentado la presencia de coyotes en esa zona, que actúan con total impunidad y no sólo se dedican a trasladar a migrantes, sino que muchas veces también están vinculados con organizaciones de tráfico de drogas y de armas”, advirtieron los diputados.
Trisotti y Fuenzalida agregaron que “por lo mismo, es indispensable que como Estado empecemos a actuar frente a esta dura realidad, que mediante el engaño y la extorsión expone incluso a la muerte a miles de migrantes, entre ellos a menores de edad inocentes”.
Los legisladores gremialistas llamaron al Gobierno a respaldar el proyecto de ley que aumenta las penas a quienes se dediquen al tráfico de migrantes, asegurando que “a este tipo de personas, que juegan con la ilusión y se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas, les debe caer todo el peso de la ley y deben ser condenados a penas ejemplares para evitar que vuelvan a repetirse hechos como el que conocimos hoy”.
“Hoy, lamentablemente, sentimos que las herramientas para poder tener una persecución penal mucho más exigente y fuerte, está pendiente. Por eso llamamos al Gobierno a poder patrocinar este proyecto, para que el Estado sea férreo e inclaudicable en la persecución penal de aquellas personas que, utilizando el engaño y la mentira, usufructúan con la necesidad de los migrantes”, concluyeron Trisotti y Fuenzalida.
