La causa judicial conocida como Horas Extras 1 llegó a su fin. Fue la Fiscalía de Valparaíso que comunicó la decisión de no perseverar en la investigación en contra de la ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), a raíz del pago indebido de horas extraordinarias ocurrido entre julio de 2014 y marzo de 2015.
De todas formas, el Ministerio Público optó por mantener abierto el caso Horas Extras 2, que considera desde 2016 hasta 2018 y donde Reginato también está acusada por los mismos hechos, además de déficit presupuestario y falsificación de la cuenta pública municipal.
Fue el fiscal José Antonio Uribe quien hizo saber la decisión de no seguir adelante con la indagación contra la otrora jefa comunal viñamarina y Javier Garrido. “Al no haberse acreditado antecedentes suficientes para la calificación del delito”, dijo por su parte Cristián Andrade, fiscal de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso.
Eso, por supuesto, no le gustó para nada a uno de los abogados querellantes del caso. “Estas dos personas que fueron condenadas reconocieron su responsabilidad. Forman parte de un grupo mayor de delincuentes que utilizaban la municipalidad para apropiarse indebidamente de estos recursos”, afirmó Ricardo Sacaan. Eso sí, el litigante no se quedó sólo con eso.
“El fiscal identificó nueve actos administrativos que se concretaron a través de decretos alcaldicios firmados por Virginia Reginato para autorizar las horas extraordinarias”, añadió en alusión a que fue la ex autoridad de la Ciudad Jardín quien dio la venia para seguir adelante con el pago de esos dineros, que en primer término fueron cifrados en 56 millones de pesos.
Pero, conforme avanzó la investigación, el monto se reformalizó en una cifra menor: 9,4 millones. Por eso fueron condenados dos ex funcionarios del municipio. Pablo Staig, que trabajó de administrador y Manuel Echeverría, quien fuera director de finanzas. Cumplirán su pena en libertad y la multa por el perjuicio económico provocado, más de cinco mil millones de pesos, fue de $940 mil.
“El dinero se lo llevaban para la casa y cobraban como si estuvieran trabajando”, afirmó Sacaan. “Dos de los tres imputados reconocen responsabilidad penal. Resulta ser muy difícil, desde el punto de vista jurídico y lógico, desagregar o dejar fuera a las demás personas que participaron en el delito”, complementó.
“Dejamos constancia que las partes querellantes no hicieron uso de reservar sus derechos en esta causa”, informó la magistrada del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, Aída Torres. Otro de los abogados querellantes, Paulo Pérez, entiende que “ella, siendo la alcaldesa, también debió haber sido sometida a juicio”.
La Fundación Viña Transparente tuvo una opinión mucho más tajante y la dio a través de su abogado, Javier Gómez: “El Ministerio Público no quiere condenar ni tocar a Virginia Reginato y eso es inaceptable. El fraude al fisco tiene determinada la penalidad por el monto defraudado, esto nos enseña el camino que tendrá la fiscalía en el futuro: va a querer rebajar los montos de perjuicio, que en realidad son mucho mayores”.
