La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que sancione por colusión a dos empresas de helicópteros para el combate y extinción de incendios forestales y a dos ejecutivos que facilitaron la ejecución de los acuerdos.
Se trata de las empresas Calquín Helicopters SpA (Calquín) y Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación SpA (Faasa), además de dos ejecutivos principales vinculadas a ellas: Rodrigo Lizasoaín Videla y Ricardo Pacheco Campusano, respectivamente.
En una audiencia realizada en el TDLC, la Fiscalía expuso la acusación destacando que las empresas y personas requeridas celebraron y ejecutaron un acuerdo para afectar el resultado de un proceso de licitación desarrollado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en el año 2014 para proveer servicios de extinción de incendios por tres temporadas.
Durante su alegato, la abogada de la División Litigios de la FNE Camila Pincheira, exhibió la evidencia recopilada por la Fiscalía durante la investigación y desvirtuó con ella las explicaciones alternativas a la existencia de un acuerdo que han esgrimido los requeridos.
En su acusación, la FNE señaló que “la conducta de las requeridas ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas y es particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país”.
Debido a ello, la representante de la FNE solicitó al TDLC que aplique a los requeridos las multas solicitadas o aquellas que estime. En el requerimiento, la Fiscalía pidió que sanciones que totalizan 2.075 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a casi $ 1.523 millones. Este monto se distribuye en 1.100 UTA ($ 807,2 millones) para Calquín, 800 UTA ($ 587 millones) para Pegasus, 85 UTA para Ricardo Pacheco ($ 62 millones) y 90 UTA ($ 66 millones) para Rodrigo Lizasoaín.
Este es el segundo requerimiento presentado por la FNE contra empresas de helicópteros dedicadas al combate aéreo de incendios forestales y en contra de personas naturales que fueron sus administradores. El primero de ellos ingresó al TDLC el 20 de marzo del 2020 y actualmente se encuentra en etapa de estudio previo a la dictación de la sentencia.
