El presidente Gabriel Boric nuevamente abrió el debate respecto a un posible cierre de la cárcel de Punta Peuco donde actualmente están recluidos ex funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar que comenzó con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
“Es un caso muy sensible y son cosas que no se anuncian, sino que se hacen. No descarto su cierre, pero no lo voy a anunciar por la prensa”, explicó el mandatario en una de sus últimas entrevistas que han marcado su primer año en La Moneda.
Frente a esta posibilidad de terminar con este centro penitenciario ubicado en Til Til, al norte de la Región Metropolitana, las reacciones en el Congreso Nacional no demoraron en aparecer. Una de ellas fue la que presentó el diputado representante de Magallanes y la Antártica Chilena, Carlos Bianchi.
El parlamentario independiente cree que el cierre de este penal no es lo indicado, sino que postula que algunas modificaciones podrían ayudar a contrarrestar las cifras de hacinamiento de otros recintos de detención.
El proyecto para cambiar Punta Peuco
“Nosotros presentamos un proyecto de resolución en la Cámara, el cual fue votado favorablemente, para no eliminar el penal de Punta Peuco, sino que para recibir a otras personas privadas de libertad y no continúe siendo un recinto de privilegio para quienes están ahí detenidos por temas que revisten una extraordinaria gravedad como son los crímenes de lesa humanidad”, dijo Bianchi respecto a esta iniciativa que fue aprobada el año pasado con 67 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones.
“En Chile hay más de 46 mil personas en las cárceles y existe un problema grave en los planos reguladores que no permiten la construcción de nuevos recintos. Ante ese escenario, lo que hemos dicho es que este penal pueda ampliarse. Entiendo que es eso lo que el Ejecutivo busca proponer y de esta manera dar cabida a otras mujeres u hombres que están en reclusión”, complementó el diputado, quien agregó que “estamos trabajando en un proyecto de ley paralelo para permitir que los planos reguladores puedan efectivamente acoger la petición de contar con nuevas cárceles”.
