El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al megafraude tributario desbaratado tras la investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII), que dejó a 55 detenidos por la emisión de 100.000 facturas falsas, cuyo perjuicio fiscal estimado es de $240.000 millones. Según la autoridad, esto constituiría “el fraude tributario más grande que hemos conocido hasta ahora”.
“La magnitud de lo defraudado equivale a la construcción de 25 centros de salud familiar, de tres hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos. Esto nos da una idea del abuso cometido por estas personas”, detalló el ministro. A su vez, espera que este caso sirva para “tomar conciencia del enorme daño social que representa el fraude tributario”.
Para Marcel, este caso “nos hace tomar conciencia de la magnitud y la enorme injusticia que representa el fraude tributario en Chile. Hace pocos días dimos a conocer un estudio sobre la magnitud de la evasión en Chile; algunos dirigentes empresariales y dirigentes políticos manifestaron críticas y plantearon su escepticismo de la magnitud de las cifras resultantes del estudio de evasión”.
El titular de Hacienda recordó que en el proceso de discusión que se está llevando adelante en el marco de Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, hay una serie de propuestas “destinadas a elevar el cumplimiento tributario y luchar contra la evasión de impuestos. Estas incluyen, entre otras cosas, la figura del denunciante anónimo, la colaboración eficaz y el aumento de las penas para la emisión de facturas falsas”. Ello permite que “aquellos empresarios que pagan oportunamente sus obligaciones tributarias, los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones se enfrenten en igualdad de condiciones con otros que pueden verse tentados a abusar del sistema”, dijo.
Finalmente, el ministro indicó que “tenemos a la mano la posibilidad de entregar y dotar a nuestros servicios de estas capacidades para luchar contra quienes evaden impuestos, lo que significa al mismo tiempo respaldar y hacer justicia con quienes cumplen habitualmente con sus obligaciones tributarias. La persona común y corriente en su consumo a través del pago del IVA, y las empresas que cumplen oportunamente con sus responsabilidades”.
