Durante la tarde de este jueves 15 de febrero, la Corte Suprema se refirió a la polémica en torno a la compra de autos de lujos para sus ministros.
A través de una declaración pública, el Poder Judicial decidió dejar sin efecto la compra de los automóviles marca Lexus, luego de la polémica y las diversas críticas que generó la situación.
Corte Suprema confirma que no comprarán los 22 autos Lexus
Jorge Sáez, secretario de la Corte Suprema dio a conocer esta noticia. En este sentido, explicó que la determinación de renovar la flota de vehículos “se fundan en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental”.
De este modo, recalcó: “Son esas, y no otras, las consideraciones que se tuvieron en vista para adoptar en su momento la aprobación de la renovación de los autos”.
Además, Jorge Sáez, señaló que si bien la Ley de Presupuestos 2024 no consideró la renovación, la Dirección de Presupuestos “comprometió el 9 de noviembre de 2023, ante la Comisión Nacional Mixta de Presupuesto, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial“.
Los detalles de los autos de lujo y las reacciones que generó
Estos vehículos de alta gama iban a ser adquiridos para renovar la flota de autos de los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial. De esta forma, iban a reemplazar los actuales Toyota Camry, los cuales son del año 2014.
Cada uno de estos autos de lujo (Lexus ES300h) tiene un valor de 57 millones de pesos, lo que se traduce en un total que supera los 1.200 millones de pesos. Es por esta razón que la situación despertó fuertes críticas por parte de autoridades políticas y del gremio de los funcionarios del Poder Judicial.
“Nos parece poco oportuno que se gasten más de mil doscientos millones de pesos en 22 autos, hecho que es contrario al carácter austero de la judicatura”, expusieron desde la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ).
“Es por ello que esta Asociación rechaza esta adquisición y viene en recordar que los servidores públicos deben extremar el cuidado de los recursos destinados para cumplir los fines institucionales, cuidando en todo momento de no dilapidar los fondos destinados a la administración de Justicia”, agregaron.
