La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en los convenios firmados por la Fundación Daya con 13 municipalidades para el uso de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia.
Entre las irregularidades encontradas está el incumplimiento de los convenios, así como que la falta de permisos oficiales del laboratorio para fabricar el fármaco utilizado en el programa, consignó el organismo.
Esto, tras auditar los acuerdos firmados entre Fundación Daya y las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla, entre 2015 y 2023, por un monto total de $423 millones, de los cuales $359 millones fueron para la organización.
La auditoría mostró que si bien el traspaso de recursos a Fundación Daya se concretó entre junio de 2015 y diciembre de 2016, el laboratorio encargado de elaborar el fármaco recién obtuvo autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) en 2018 para la entrega transitoria de 7.200 dosis.
En esta línea, nueve de 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y dos obtuvieron solo una parte de las dosis. Pero a pesar de ello, las comunas afectados no exigieron el cumplimiento íntegro de los convenios, la restitución de los fondos a la fundación o la ejecución de acciones judiciales.
No obstante, algunos de los municipios afectados no dieron cuenta de haber exigido el cumplimiento íntegro de los convenios o, en su defecto, la restitución de los recursos transferidos a la Fundación Daya, ante el incumplimiento del objetivo, como tampoco que hayan ejecutado acciones judiciales al respecto.
En esta línea, la Contraloría comprobó no hubo rendiciones de gastos en el caso de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros; aceptación de rendiciones de gastos por un monto superior al transferido por las municipalidades de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros; y falta de revisión de este proceso en Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral.
Junto con ello, el ISP no entregó nuevas autorizaciones para la elaboración del fármaco o le permitió el registro sanitario, por lo que Fundación Daya no pudo cumplir con la entrega de las dosis correspondientes al tratamiento para 2.300 pacientes por un año.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos. Además, los resultados de la investigación también serán puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado.
