La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público detuvieron a 102 pedófilos a lo largo de todo Chile en el marco de la Operación Orión III Internacional, que investigaba una red de pornografía infantil en 12 países de América Latina. Se trata de la indagatoria más grande que se ha hecho en el país sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
“La mayoría de las víctimas que están en estas imágenes, en estos videos, bordean no más allá de los cinco años“, dijo el jefe nacional del Cibercrimen de la PDI, el prefecto inspector Maximiliano Macnamara, en un reportaje de T13.
La operación contó con más de 200 allanamientos simultáneos en las regiones Metropolitana, de Valparaíso, del Biobío, de Antofagasta, entre otras. Su saldo fueron 30 mil videos y 11 mil fotografías incautadas.
La red de pornografía infantil operaba utilizando servicios de mensajería antiguos, donde el centenar de pedófilos generaban grupos diariamente para intercambiar material de alto contenido sexual de menores. El fiscal de alta complejidad de O’Higgins, Nicolás Núñez, advirtió lo rápido que pueden propagarse los archivos: “Una fotografía de un niño, niña o adolescente, puede terminar en dos segundos en 100 dispositivos en cualquier parte del mundo“.
Cinco víctimas fueron identificadas en Chile por parte de la Operación Orión III, las cuales vivían en entornos familiares catalogados como normales. Aquello fue otra evidencia del alto nivel de ocultamiento que tenían este tipo de redes.
Los contenidos no solo eran almacenados y compartidos, sino que algunos detenidos también los comercializaban. En la isla Robinson Crusoe hubo un caso donde se incautó una cantidad importante de material el cual el imputado ofrecía mediante pagos digitales camuflados como “ilustraciones”.
Los detenidos enfrentan cargos por producción, almacenamiento y distribución de pornografía infantil, delitos que arriesgan penas de hasta 15 años de cárcel. Además, cinco de los 102 detenidos serán formalizados por violación, lo que puede endurecer aún más sus penas. Bajo el argumento de ser un riesgo para la sociedad y las víctimas, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para la gran mayoría.
