Tras la ausencia y retraso de examinadores del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) a los colegios en los que se debía tomar la prueba a los alumnos de octavo básico, el Mineduc confirmó que instruyó un sumario por el tema, en tanto que la comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó citar al ministro Nicolás Cataldo, para que explique lo ocurrido.
De manera paralela, la Defensoría de la Niñez acusó que lo ocurrido constituye una vulneración de derechos de los escolares.
Luego de lo ocurrido, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, ratificó este miércoles que la empresa responsable será sancionada por su incumplimiento.
“En las bases de licitación se contemplan una serie de consecuencias y sanciones que vamos a implementar como institución, y que son las más severas en este caso, que nos va a permitir también asegurar una correcta implementación del proceso“, aseveró.
Cataldo citado a comisión de Educación por escándalo del Simce
Durante la jornada, parlamentarios de Renovación Nacional y el Partido Republicano informaron que oficiarán al ministro Nicolás Cataldo a fin de que asista a la comisión de Educación, para “exigir los antecedentes y medidas disciplinarias con ocasión del fracaso parcial del proceso de aplicación del Sistema de Medición de la Calidad de Educación”.
Además, legisladores de RN exigieron la remoción del secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, “por su responsabilidad en los hechos”.
Los parlamentarios también solicitaron que se inicien “los sumarios administrativos contra el o los responsables de esta negligencia“, además de conocer “a la brevedad en qué fecha se se verificará la prueba Simce en los colegios y escuelas que han sido afectadas por estos hechos”.
Por su parte, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille catalogó lo ocurrido con el Simce como “una situación gravísima las fallas registradas”.
“Esto constituye una vulneración directa a su derecho a la educación y, por tanto, su abordaje exige medidas inmediatas para reparar el daño“, argumentó Quesille.
Dijo que ante lo sucedido se requiere “un compromiso firme del Estado para garantizar que esto no se repita. Lo ocurrido hoy, más que un problema administrativo, es una afectación concreta a los derechos de la niñez”.
“Delegar toda responsabilidad a una empresa no exime al Estado de su deber, porque la responsabilidad última recae en el Estado, quien debe garantizar procesos educativos seguros, dignos y libres de vulneraciones”, aseveró.
