Un 63% de los chilenos considera que los militares presos por delitos de derechos humanos no deberían acceder a beneficios carcelarios, incluso si se encuentran gravemente enfermos o tienen una edad avanzada, según reveló la última encuesta Cadem.
Correspondiente a la primera semana de noviembre, el estudio demuestra una clara mayoría partidaria de que estos reclusos cumplan íntegramente sus condenas en prisión, en el marco del polémico cambio de Punta Peuco a una cárcel común, anunciado por el presidente Gabriel Boric el pasado lunes.
En contraste, solo un 34% de los consultados opina que quienes padecen enfermedades graves o alcanzan una edad muy avanzada deberían poder cumplir sus penas en sus domicilios, cifra que representa una disminución de cuatro puntos porcentuales respecto de septiembre de 2023. De tal manera, los resultados evidencian un endurecimiento de la opinión pública frente a los beneficios penitenciarios en casos vinculados a violaciones de derechos humanos.
El estudio también registró que un 76% de los encuestados ha escuchado sobre la decisión del Gobierno de convertir Punta Peuco en un recinto penal regular, medida con la que un 69% se declara de acuerdo y un 26% en desacuerdo.
El penal, que alberga a ex uniformados condenados por crímenes cometidos durante la dictadura, ha sido objeto de debate desde hace años y su transformación es considerada un gesto simbólico en materia de justicia y reparación.
Evaluación al Gobierno de Boric
En el plano político, la medición señala que el presidente Gabriel Boric mantiene un 33% de aprobación, mientras su desaprobación alcanza el 63%, un punto porcentual más que la semana anterior.
Pese a la estabilidad en la evaluación del mandatario, el respaldo mayoritario a la decisión sobre Punta Peuco y el rechazo a otorgar beneficios a los presos por violaciones de derechos humanos reflejan una tendencia clara en el país según Cadem: la mayoría de la ciudadanía exige que las penas se cumplan sin privilegios ni excepciones.
