La Corte Suprema instruyó a las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Chillán para desarrollar investigaciones administrativas en contra de los conservadores de Bienes Raíces y notarios de ambas jurisdicciones, en el marco de la llamada trama bielorrusa.
Esto, luego que se conociera en la formalización de Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles las acciones cometidas, en el caso de San Miguel, de Sergio Yáber Lozano, Claudio Barrena Eyzaguirre, Rodrigo Ortúzar Rodríguez y Fernando Martell Costa.
“Con la cuenta dada por el ministro visitador de la Corte de Apelaciones de San Miguel, señor Omar Astudillo Contreras, y teniendo en consideración las publicaciones de prensa sobre actuaciones que pudieran ser constitutivas de conductas ilícitas de parte de notarios y conservadores, se acuerda que la Corte de Apelaciones de San Miguel instruirá la apertura de una investigación administrativa para determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias de Sergio Yáber Lozano, Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, de Claudio Barrena Eyzaguirre, notario de la Décima Notaría de San Miguel, de Rodrigo Ortuzar Rodríguez, notario de la Primera Notaría de San Miguel, y en contra de Fernando Martell Costa, notario Interino de la Quinta Notaría de San Miguel”, dice el acuerdo.
En el caso de Chillán, la investigación será dirigida en contra del conservador de Bienes Raíces, Yamil Najle Alée.
Los involucrados fueron nombrados por la Fiscalía de Los Lagos como parte de la red de “blanqueo” de recursos para el pago de supuestos sobornos a Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra Ángela Vivanco, en la llamada trama bielorrusa.
