La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) afirmó este lunes que ya adoptó las acciones para recuperar los 20 mil millones de pesos en licencias médicas rechazadas, tras el informe que emitió la Contraloría General de la República (CGR).
La indagatoria que llevó a cabo el órgano fiscalizador analizó el período entre 2017 y 2024, reveló que un total de 1.045 funcionarios acumularon licencias médicas por “Enfermedad o Accidente Común” por más de dos años de forma intermitente, lo que generó un total de 60.958 licencias no recuperadas, por un monto de $20.916 millones.
A la vez, la Contraloría advirtió que 9.964 licencias fueron rechazadas, pero la Junji no implementó acciones para recuperar los subsidios por incapacidad laboral, que ascienden a $5.547.961.164.
En esa línea, el ente fiscalizador estableció un plazo de 60 días hábiles a la Dirección Nacional de la Junji para acreditar un plan de acción que garantice la recuperación efectiva de esos dineros, y ratificó que remitirá los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que emprenda las acciones que correspondan.
Las medidas que tomó la Junji luego del informe de la Contraloría
Al abordar el tema, desde la Junji se afirmó que “ya se han ejecutado las acciones que corresponden para dar respuesta al contralor en los plazos establecidos”.
Planteó que del total de recursos no recuperados, “lo efectivamente recuperado está asociado a las licencias rechazadas, lo cual asciende a 5.547 millones“.
“Es importante destacar que, durante 2024 y con anterioridad a la emisión del informe, se gestionó el cobro del 95% de esos recursos, recuperando efectivamente subsidios por incapacidad laboral por más de $1.700 millones”, detalló.
Añadió que, “además, hay licencias notificadas en curso de recuperación, cuyos casos se han incorporado a un plan de acción institucional“.
Planteó a la vez que la Dirección Regional Metropolitana de la Junji efectuará las gestiones necesarias “para el tratamiento contable de montos adeudados por concepto de licencias médicas”.
“En relación a la observación sobre licencias médicas con antigüedad superior a cinco años y respecto de licencias rechazadas de exfuncionarios, se debe indicar que previo a la emisión del informe final, la institución ya había adoptado medidas concretas para abordar este tipo de situaciones. Para ello, se establece la derivación a instancias judiciales cuando corresponde, incluyendo casos de funcionarios desvinculados”, concluyó el servicio.
