La polémica que se inició por la solicitud que hizo la Contraloría al Ministerio de Salud sobre datos de niños y niñas trans que forman parte del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) sumó un nuevo capítulo gracias a la Defensoría de la Niñez.
El organismo dirigido por Anuar Quesille presentó a la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección que busca frenar la petición que hizo el ente fiscalizador a cargo de Dorothy Pérez, con el que busca realizar una auditoría para corroborar el correcto uso de recursos públicos.
En el líbelo, según detalló Informe Especial, sostuvieron que esta solicitud compromete “datos sensibles de menores de edad y que su eventual entrega podría vulnerar derechos fundamentales como la vida privada, la integridad psíquica y la igualdad ante la ley”.
Además, la Defensoría de la Niñez criticó que Contraloría, en su decisión de acceder a los datos, “no consideró los tratados y convenciones que protegen el bien superior” de los niños y niñas. Por lo mismo, actuó “desconociendo la recurrida lo que la doctrina y los Tribunales de Justicia han denominado como el “control de convencionalidad”.
En ese sentido, implica “tanto los órganos de la administración de justicia y demás autoridades públicas –como lo es la Contraloría General de República- tienen el deber de realizar un examen de compatibilidad entre el acto -en este caso la solicitud de información contenida en los Oficios individualizados- y las normas nacionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Protocolos adicionales, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y demás instrumentos del Sistema”.
El organismo apunta a que la entrega de estos datos “amenaza de vulneración de garantías constitucionales, y en particular el peligro real e inminente de dicha afectación a la integridad psíquica, la igualdad en la ley y vida privada de (…) y de los niños, niñas y adolescentes (…) constituyendo la entrega de la (…) al órgano contralor por sí misma ya una vulneración a dichos derechos”.
La Defensoría de la Niñez solicitó en el recurso que la Corte de Apelaciones de Santiago aplique una Orden de No Innovar (ONI), cuyo sentido y alcances es paralizar los efectos del oficio enviado por la Contraloría.
