La Contraloría General de la República ordenó a Providencia la apertura de un sumario por la contratación del ex fiscal Manuel Guerra, quien desempeñó funciones en paralelo en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO).
Guerra prestó servicios a honorarios en ambos estamentos entre agosto y diciembre de 2021, tras dejar el Ministerio Público, entregando informes jurídicos, junto con la eventual creación de una Fiscalía para los vecinos del sector.
Tras conocerse los vínculos del otrora persecutor con Luis Hermosilla, los diputados PS Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, junto a la ex concejala Isidora Alcalde (FA), solicitaron un informe de Contraloría, que determinó que su contratación no se ajustó a derecho.
Según el contralor (s) Víctor Hugo Merino, Manuel Guerra fue contratado por la AMSZO al mismo tiempo que enfrentaba una querella por violación de secreto por parte de la municipalidad de Vitacura.
“Es posible advertir que, en el caso en análisis, las circunstancias que se mencionan efectivamente pudieron configurar un conflicto de interés de aquellos que la normativa y la jurisprudencia administrativa prohíben, por lo que la AMSZO deberá abstenerse de efectuar sus contrataciones a honorarios con personas que, cierta o potencialmente, se encuentren en una situación que pugna con el principio de probidad administrativa”, consignó el informe dado a conocer por La Tercera.
Durante su paso por la asociación, Manuel Guerra recibió un pago de $3,3 millones a todo evento, “independiente de las prestaciones ejecutadas”, lo que según la Contraloría “no se ajustó a derecho, pues el referido desembolso solo puede tener lugar en la medida en que exista una efectiva ejecución de las tareas encomendadas”.
En su paso por la municipalidad de Providencia, Contraloría detectó un sobrepago por las labores desarrolladas por el abogado, ya que fue contratado para “desarrollar un análisis jurídico acerca de las modificaciones introducidas en materia legal respecto de la responsabilidad funcionaria municipal y probidad administrativa, por el monto total de $11.299.435”.
Sin embargo, los informes entregados por Guerra corresponden a copias de normas del Código Penal, por lo que la millonaria remuneración no se condice con el trabajo realizado.
Ante esto, se ordenó un sumario en el municipio de Providencia, ya que “a quienes correspondía visar los referidos informes debieron objetarlos y, consecuentemente, no dar lugar al pago, total o parcial, de los honorarios pactados”.
