A los 18 años son pocos los que tienen clara su vocación de vida. Por lo mismo, suele operar una regla clásica: los buenos alumnos optan por estudiar ingeniería cuando destacan en los ramos matemáticos y los humanistas optan por el Derecho. Ese fue el razonamiento que llevó también a Gonzalo Arenas a elegir las leyes. El abogado, exdiputado y actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián reconoce, además, que hubo un detalle adicional, casi anecdótico. “En esa época daban una serie, Hacer Justicia (L.A. Law), que era una serie de abogados, y yo tenía como esas ideas medio idealizadas de que llegara a impartir justicia”, dice, recordando la producción emitida a fines de los 80.
En las tres décadas que han transcurrido desde esa observación, no solo lo ha atraído el ejercicio en un estudio jurídico. También lo han convocado el Congreso y ahora la academia, una que se prepara para un año particularmente desafiante, con los cuestionamientos que existen hacia el Poder Judicial. “Dentro de los próximos dos o tres años, el Poder Judicial y todo lo que es el sistema de justicia va a estar en la palestra de la discusión pública en forma importante”, reconoce.
—¿Lo dice particularmente por los casos de corrupción que se investigan al interior del Poder Judicial?
“Hay desafíos en materia de transparencia, de credibilidad pública, de cómo enfrentar la gran amenaza que tiene Chile hoy día en materia de justicia, que es el crimen organizado. Entonces, sin duda, va a ser un tema cómo reconfigurar nuestra visión de la profesión y, para los alumnos, también es importante. Yo creo que durante mucho tiempo el mundo privado absorbió todas las expectativas de los estudiantes de Derecho y me parece que, en la crisis política en la que estamos, en la crisis judicial en la que estamos, se va a dar un vuelco cada vez más importante de los alumnos hacia todo el aspecto público de la profesión. Hoy uno ve los perfiles de los alumnos que están entrando a primer año y son alumnos quizás con mucha más opinión política y sobre temas públicos que hace cinco o seis años atrás”.
—Llama la atención esa mirada considerando que lo que más ha surgido en el mundo son partidos de corte populista; parece que no hay tanta ideología en las generaciones más jóvenes.
“Efectivamente, y cuando los ambientes están así, mucha gente —que normalmente no se interesaría en lo público— sí se interesa porque siente que tiene algo que aportar. Entonces la participación, no tanto en partidos, sino desde otros colectivos, desde organizaciones distintas a los partidos, es un tema importante”.
—Mencionaba una crisis en el Poder Judicial. ¿Qué pasa en el ámbito de la política?
“En Chile se rompió en 2019 un consenso que teníamos desde los años 90 en cuanto a nuestra forma de crecimiento y nuestra forma de enfrentar la sociedad, y ese consenso todavía no se ha reconstruido. Quizás no necesariamente el mismo entendimiento; generalmente las crisis hacen que uno tenga nuevos consensos o que se modifiquen los que estaban. Estamos en una etapa más bien intermedia de crisis. En Chile todas las crisis siempre han tenido después un largo camino hacia la reconstrucción de algo nuevo. Duran entre seis y siete años. La gran crisis del 25 se resolvió recién en 1932, siete años después, con el segundo gobierno de Alessandri. Entonces nosotros todavía estamos en un proceso en el que este nuevo Gobierno puede que logre un consenso o puede ser que no, y sigamos a la deriva por un buen tiempo”.
—¿Hay alguna relación entre esa crisis política y la crisis en el mundo judicial? ¿O son dos fenómenos distintos?
“Hay una relación entre la falla en el sistema político y la falla en el sistema judicial. En el estallido social se dio una pérdida de credibilidad del estamento público. Entonces hay ahí una crisis en cuanto a los principios ciudadanos y republicanos de todos los actores políticos, jurídicos, etcétera. Y eso yo creo que es común. Y esas crisis se producen cuando no hay una convicción de un proyecto de país potente, donde el bien común pasa a ser algo secundario y cada uno trata de llevarse un pedazo de ese bien común para la casa”.
—¿Está pensando en el caso Vivanco?
“Sí, pero no solamente en ese caso, que es uno de muchos que pueden ocurrir en el Poder Judicial. Esa falta de sentido republicano se manifiesta no solamente en una corrupción en cuanto a plata, sino también en una corrupción en la forma de entender el sistema político, en el sentido de que, en el fondo, aquí hay amigos y enemigos, que es imposible darle alguna ayuda al adversario, aunque se caiga la institucionalidad. De ahí empiezan los populismos”.
—¿Cómo se sale de eso?
“Si lo supiera… En general, en la historia se sale cuando se produce un liderazgo, ya sea en una persona o en un grupo de personas que tienen el talento suficiente para hacer confluir un nuevo consenso. Pero, además, es necesario que eso cuaje en el momento oportuno, cuando los humores de la sociedad están predispuestos a ello. Entonces es como cuando se alinean los astros. Es casi impredecible cuándo, pero cuando se produce, funciona”.
—¿La academia está aportando para que se establezcan esas condiciones?
“Vamos para allá. Por treinta años la profesión de abogado se fue perfilando cada vez más hacia el mundo privado. Lo más atractivo hoy es el ejercicio privado, en materias comerciales, en derecho tributario, en inversión extranjera, en grandes temas que, si bien son necesarios y muy importantes, no agotan la profesión ni constituyen el principal aporte que pueden hacer los abogados a su país. Pero yo veo, desde hace dos o tres años —desde el estallido principalmente—, que el alumno de Derecho se da cuenta de que, en realidad, la cosa pública no se puede dar por sentada, sino que se construye. Y yo creo que hay una mayor conciencia de eso. Quizás no reflejada en partidos políticos o en candidaturas, pero sí en discusiones, en foros. El alumno está mucho más activo en escuchar a protagonistas de la cosa pública. Así que yo creo que, en ese sentido, la profesión va encaminada a estar en mejor posición para aportar en estos desafíos públicos que tenemos”.
—No hay que olvidar los incentivos económicos de ir a la práctica privada versus el mundo público.
“Sí, pero veo que los nuevos profesionales del derecho quizás están menos preocupados de las remuneraciones y empiezan a preocuparse más por las cosas que les den sentido. Antiguamente uno entraba en un estudio de abogados y quería estar treinta años ahí, pero ahora no”.
—Considerando todo esto, ¿en qué pie del ejercicio de la profesión nos encuentra el avance del crimen organizado? ¿El sistema judicial está preparado para lo que viene?
“Yo creo que no, y lo grave es que uno de los primeros objetivos del crimen organizado cuando se inserta en un país es tratar de inflitrar el Poder Judicial y todo lo que rodea la administración de justicia y después cooptar el poder político. Los jueces están sometidos a una presión gigantesca en cuanto a distintas formas de corrupción. No estoy hablando solo de jueces, sino también de todas las personas que los ayudan: funcionarios auxiliares de la administración de justicia que muchas veces pueden estar comprometidos sin que el juez lo sepa. Puede ser también que los jueces se sientan desprotegidos al enfrentar al crimen organizado. Hay que recordar el caso de Los Gallegos, donde el fiscal a cargo tuvo que cambiarse de ciudad. El mundo público debe moverse y todos tenemos que ser un aporte para que los jueces se sientan protegidos. Tenemos que buscar ejemplos que han funcionado en otros países. Nosotros, por ejemplo, en la facultad de Derecho de la USS tenemos un centro que se llama Cescro (Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado), en el que hemos propuesto distintas formas de fortalecer al Poder Judicial y al Ministerio Público frente al crimen organizado”.
—¿Cuál es el desafío de la academia en el contexto más amplio de los desafíos de la profesión?
“Primero, darles a las escuelas de Derecho, en conjunto con el Colegio de Abogados, el Poder Judicial, etcétera, un entorno ético mucho más potente y más claro de lo que había hasta ahora. Antiguamente se dictaba un curso de ética un semestre y no había más. Hoy tenemos que dar una robustez ética al ejercicio de la profesión que antes no se consideraba necesaria, porque el ambiente de abogados se suponía que era un poco más tradicional. En la actualidad las tradiciones se pierden cada vez más. Hay una generación gigante de abogados jóvenes que están incluso en TikTok”.
—A propósito de eso, existe una discusión sobre la promoción del derecho en las redes sociales.
“La profesión de abogado siempre se entendió como algo más bien conservador, tradicional. Incluso cuando yo estudiaba, por ejemplo, se decía que era de muy mal gusto que un abogado promocionara sus servicios, como en Estados Unidos. Hoy hay otra realidad: hay abogados promocionando sus servicios o mostrando cómo se visten y divulgando qué tan exitosos son. Hay un desafío de lograr que esos entusiasmos juveniles, que son muy legítimos, logren tener un lugar común en esa tradición que tratamos de mantener todas las escuelas de Derecho en cuanto a la formación de abogados. Por eso, por ejemplo, hasta el día de hoy todas las escuelas de Derecho tratan de hacer pruebas o exámenes orales; les exigen a los alumnos que vayan formales, con terno y corbata, porque tratamos de mantener una cierta tradición. Y hay que lograr que esa tradición sea atractiva para los nuevos abogados que llegan”.
—Volviendo a la crisis en el Poder Judicial, hay otra propuesta desde el Congreso para abordar una de las aristas, que es el nombramiento de jueces. Usted fue diputado, ¿qué le parece la reforma que se está discutiendo?
“El sistema funcionaba igual hace muchos años, pero ahora han cambiado los criterios y las exigencias, y por eso tiene que cambiar la fórmula. Hay que buscar un sistema que no le entregue el 100% de esa facultad al Poder Judicial, pero tampoco el 100% al poder político. Tiene que ser una mezcla entre ambos. Pero lo que hoy día vemos como más grave es la intromisión del poder político en la designación de los magistrados. Eso es dramático, porque, si bien se pudo pensar en algún momento que la participación del Senado aseguraba una representación democrática, hoy la participación de la política lo único que asegura es que el elegido sea de un bando político. No le da una validez republicana, sino que le da una connotación político-partidista”.
—La modificación que se ha propuesto, ¿va en el camino correcto?
“Va en el camino correcto, ha sido muy bien estudiada por el Ministerio de Justicia y también ha sido conversada con el Poder Judicial. El próximo gobierno debería seguir impulsando esa reforma”.
—¿Cómo se aporta desde la academia tanto en este debate como en otras reformas? ¿Está permeando al mundo político o está ejerciendo menos influencia?
“Las escuelas de Derecho, y la academia en general, hemos cometido el error de creer que solamente pueden participar del mundo académico aquellos que se dedican 100% a la academia, y con eso la universidad se transforma en una especie de burbuja en la que solamente tenemos teóricos y profesores. Tenemos que tener la participación de los académicos en todas las instancias de discusión, y nosotros estamos tratando de que todos nuestros académicos participen en todas las instancias públicas en las que puedan ser un aporte y no solamente se queden en redactar un paper o en escribir un buen libro. Eso, por supuesto, es necesario, pero debe permear las políticas públicas. Actualmente hay muchos más académicos participando en el debate público, no con una posición política partidista, sino aportando investigación y datos duros que permitan a otros tomar decisiones”.
“En Chile todas las crisis siempre han tenido después un largo camino hacia la reconstrucción de algo nuevo. Duran entre seis y siete años. Entonces nosotros todavía estamos en un proceso en el que este nuevo Gobierno puede que logre un consenso o puede ser que no, y sigamos a la deriva por un buen tiempo.
“La falta de sentido republicano se manifiesta no solamente en una corrupción en cuanto a plata, sino también en una corrupción en la forma de entender el sistema político, en el sentido de que, en el fondo, aquí hay amigos y enemigos, que es imposible darle alguna ayuda al adversario, aunque se caiga la institucionalidad. De ahí empiezan los populismos.
