El exfiscal Manuel Guerra llega este lunes a una audiencia que marca un punto de quiebre en su trayectoria: la formalización de cargos en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, fijada para las 09:00 horas en la sala 801 del Centro de Justicia, en el marco del denominado caso Hermosilla.
Los delitos que le imputa la Fiscalía a Guerra y por los que será formalizado son cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.
La audiencia fue habilitada luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago aprobara la querella de capítulos presentada contra el ex persecutor, instancia necesaria dado el fuero que protegía su cargo.
La resolución judicial también advierte que, si Guerra no comparece sin justificación válida, podrá ser conducido por la fuerza pública al tribunal, además de quedar expuesto al pago de costas y a las sanciones establecidas en el Código Procesal Penal.
Favores, cargos y secretos filtrados
La investigación agrupa los hechos en dos capítulos. El primero sostiene que Guerra habría solicitado y gestionado beneficios indebidos valiéndose de su cargo como fiscal regional, manteniendo para ello una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, también imputado en la causa.
Según los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, esas gestiones habrían incluido favores personales, laborales y beneficios para terceros.
El segundo capítulo apunta a infracciones reiteradas a los deberes de legalidad, objetividad y reserva que la ley exige a los fiscales en el ejercicio de sus funciones. En concreto, se le atribuye haber revelado información secreta de forma sistemática en causas judiciales en las que Hermosilla no tenía participación formal.
Entre esas investigaciones figuran casos de alta connotación pública: el Caso Penta, el proceso que involucró a Santiago Valdés, el caso Exalmar-Dominga y la Operación Huracán, entre otros.
La gravedad de los hechos radica precisamente en que Guerra habría filtrado antecedentes reservados de procesos que él mismo tenía bajo su custodia institucional hacia un privado con intereses en el ecosistema judicial, hecho clave para que Fiscalía decidiera que el ex funcionario debe ser formalizado.
