Este lunes comenzó la audiencia de formalización del exfiscal Manuel Guerra ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco del denominado Caso Audios por sus reiteradas comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla.
En concreto, el ex persecutor es investigado por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.
Los antecedentes de la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público se agrupan en dos capítulos principales. El primero sostiene que Guerra habría solicitado y gestionado beneficios indebidos valiéndose de su cargo como fiscal regional, manteniendo para ello una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, también imputado en la causa.
Según los antecedentes recopilados por la fiscalía, esas gestiones habrían incluido favores personales, laborales y beneficios para terceros.
El segundo capítulo apunta a infracciones reiteradas a los deberes de legalidad, objetividad y reserva que la ley exige a los fiscales en el ejercicio de sus funciones. En concreto, se le atribuye haber revelado información secreta de forma sistemática en causas judiciales en las que Hermosilla no tenía participación formal.
Entre esas investigaciones figuran casos de alta connotación pública: el Caso Penta, el proceso que involucró a Santiago Valdés, el caso Exalmar-Dominga, la Operación Huracán, entre otros.
Ministerio Público solicita arresto domiciliario total para exfiscal Manuel Guerra
En la formalización del exfiscal Manuel Guerra, el Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con imputados u otros testigos de la causa, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el resto de querellantes pidieron su prisión preventiva.
El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, se encuentra investigando al expersecutor desde agosto de 2024, por sus chats con Luis Hermosilla, en el marco de la sobreseída causa Dominga-Exalmar y el caso Penta.
La indagatoria contra Guerra también contempló otros casos en los que mantuvo contacto con el abogado penalista. Carrera señaló que el exfiscal compartió información con Hermosilla (que en ese entonces era asesor del Ministerio del Interior) sobre las investigaciones en el montaje de la operación Huracán, el caso de corrupción en Vitacura y las causas penales que enfrentó el Gobierno producto del estallido social.
De acuerdo a la exposición de Carrera, Guerra al salir del Ministerio Público y en el contexto de su relación con Hermosilla, pudo “solicitar a cambio de sus gestiones diversos beneficios para sí o para terceros, todo lo anterior con infracción de los deberes, obligaciones y prohibiciones que pesaban sobre él en su calidad de funcionario público y especialmente de fiscal regional”.
De hecho, afirmó que su ex colega a cargo del caso Penta “posibilitó la aplicación del procedimiento abreviado respecto de los imputados, con imposición de penas sustitutivas sustancialmente inferiores, afectando gravemente el interés público y la persecución penal”.
A lo que agregó: “Los hechos antes descritos, configuran infracciones de deber funcionario por parte del imputado, que, vulnerando gravemente los principios de legalidad, objetividad y transparencia, en el contexto de la tramitación del Caso Penta, y prescindiendo de los causes o decisiones procesales pertinentes, dictó a sabiendas decisiones y providencias manifiestamente injustas”.
Respecto a las investigaciones sobre el 18-O el persecutor afirmó que Guerra “anticipó a Hermosilla Osorio información relevante y estratégica respecto de las acciones y decisiones que adoptaría el Ministerio Público en las investigaciones relativas al estallido social, aconsejándole sobre las acciones que, en las mismas, debería adoptar Andrés Chadwick Piñera en su calidad de imputado”.
