La petición de renuncia a José Miguel Salazar como superintendente de Educación Superior generó una impensada crisis al interior del Gobierno de José Antonio Kast y de paso unió a una oposición que, tras el cambio de mando, se veía dividida.
La polémica se instaló luego que se conociera que el organismo a cargo de Salazar lleva adelante una investigación por eventuales irregularidades en el pago de sueldos y remuneraciones en la Universidad San Sebastián, y que involucra a personeros como Marcela Cubillos, el ex fiscal Manuel Guerra y al presidente de Republicanos, el senador Arturo Squella.
Desde el Ministerio de Educación, a cargo de María Paz Arzola, explicaron que su salida se da en el marco de la evaluación de las distintas jefaturas por parte de la administración entrante.
“En el marco de instalación de las nuevas autoridades en el Ministerio, y luego de evaluar algunas jefaturas, entre ellas el superintendente de Educación Superior, se llegó a la conclusión de que se le iba a pedir la renuncia para disponer de su cargo, y elegir a una nueva autoridad con el mecanismo que corresponde”, indicaron desde el Mineduc.
Sin embargo, estos argumentos no resultaron convincentes para la oposición, quienes acusaron “presiones políticas” en la salida de José Miguel Salazar y pidieron transparentar las verdaderas razones de su despido.
Constanza Martínez, timonel del Frente Amplio, recalcó que “se investigan sueldos millonarios y contrataciones irregulares en la USS. Entre ellos, Marcela Cubillos y Arturo Squella. ¿Y el problema para el Gobierno es el fiscalizador que estaba haciendo la pega? Chile merece una explicación, muy grave que nuevamente se respalde la impunidad”.
Esta postura fue ratificada por su par del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, quien declaró a T13 que “es bien curioso que se le haya pedido la renuncia a quien iba a iniciar la investigación y las acciones en contra de una universidad que es de reconocido sello político de derecha y donde el caso más emblemático es el de Marcela Cubillos con esa remuneración con $17 millones”.
Por su parte, la diputada Emilia Schneider informó que ya presentaron un oficio ante el Mineduc, acusando falta de acción de María Paz Arzola, a quien pedirán que se presente ante la Comisión de Educación.
“El Gobierno de Kast debe explicar por qué sacar a un superintendente en medio de una investigación que afecta a la derecha. El caso USS no puede quedar en nada, y hoy se formularon cargos. Los recursos de la educación son para la educación”, dejó en claro Schneider.
