La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de deficiencias en el sistema de emisión de cédulas de identidad implementado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, tras la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Identificación (NSI), lo que derivará en la realización de un sumario administrativo.
Fue en diciembre de 2024 cuando el servicio comenzó a implementar el NSI, iniciativa que tenía como objetivo “modernizar la emisión de cédulas de identidad y pasaportes en el país”.
Sin embargo, según el informe del ente contralor, “durante las primeras semanas de puesta en marcha del NSI, la plataforma presentó problemas relevantes en la emisión de documentos de identidad, donde se observaron errores como abreviaciones erróneas y cédulas entregadas sin activación”.
Las fallas que detectó Contraloría en el Registro Civil
Entre los casos más llamativos, la Contraloría constató que se emitieron documentos con información incorrecta, incluyendo “cédulas de recién nacidos que registraban profesiones y de adultos que incorporaban profesiones que no eran efectivas”.
A estas fallas se suman retrasos significativos en la entrega de documentos. De acuerdo con los antecedentes, entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 se realizaron más de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales 168.411 fueron entregadas fuera de plazo. Esto implica que “un 17% del total sufrió demoras que oscilaron entre 9 y 89 días hábiles, obligando a miles de personas a esperar por su cédula o pasaporte”.
Asimismo, el organismo fiscalizador detectó una “acumulación de más de 218 mil solicitudes de documentos de identidad, algunas con hasta 133 días de retraso”.
Las dificultades operativas también impactaron la capacidad de respuesta interna del servicio. “Frente a las fallas en los procesos y sistemas del NSI, los funcionarios del Servicio registraron masivamente solicitudes de soporte a la mesa de ayuda, situación que generó un colapso de la plataforma, la que no pudo abarcar la totalidad de las llamadas ni el registro de los requerimientos durante las primeras semanas de explotación”. En total, se contabilizaron más de 41 mil solicitudes de soporte entre el 16 de diciembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025.
En materia de gestión, la Contraloría advirtió debilidades en el control interno y la inexistencia de planes formales de supervisión, lo que habría incidido en los problemas detectados.
Otro de los puntos críticos se relaciona con los pagos electrónicos. Según el informe, “el sistema no estaba integrado con Transbank, lo que volvió inoperativos los dispositivos PINPAD en cientos de oficinas. Esto obligó al servicio a contratar equipos de contingencia, generando gastos adicionales”.
La CGR agregó que esta situación derivó “en el pago por servicios no prestados, vinculados a la implementación de 1.270 estaciones de trabajo, pese a que 436 de ellas nunca fueron habilitadas”, lo que significó un desembolso de $2.478 millones.
Finalmente, el organismo determinó que la empresa a cargo del sistema incumplió el contrato, por lo que se aplicarán sanciones por $3.393.192.012. En ese contexto, se instruyó al Registro Civil iniciar el cobro de multas correspondientes. “En caso de no acreditar el cobro de las multas, la CGR reparará dichas sumas para perseguir la recuperación de esos fondos”.
