La salud vuelve a aparecer de tanto en tanto como una de las principales preocupaciones de los chilenos, por detrás de la seguridad y el desempleo. Para Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, las dificultades para acceder a los medicamentos así como la baja cobertura que enfrentan las moléculas innovadoras, son parte central de la discusión.
En conversación con EL DÍNAMO, la ingeniero comercial se da un tiempo para hablar de las principales preocupaciones de la asociación gremial que representa a las empresas que investigan y fabrican medicamentos y vacunas en Chile, como el alto costo que financian las familias de Chile en comparación con otros países, la modernización de la Ley Ricarte Soto y el ahorro estatal y humano que implican las moléculas innovadoras.
El liderazgo de Chile en riesgo
—Chile ostenta un liderazgo regional en ensayos clínicos por habitante, ese puesto en el podio está en riesgo. ¿Por qué se llegó a ese escenario?
— Hay dos factores que influyen. El primero es que los ensayos clínicos no solo atraen inversión extranjera directa de los laboratorios, generan externalidades positivas muy relevantes en la absorción de capital humano avanzado, metodologías de cuidado e infraestructura hospitalaria. Por ello, países vecinos como México, Brasil y Argentina han implementado políticas de atracción de ensayos clínicos y comenzaron a competir con Chile.
De este modo, las ventajas comparativas que teníamos, como la calidad de los científicos y la agilidad de la aprobación regulatoria —que era uno de nuestros activos importantes—, empezaron a enfrentar competencia y otros mercados se volvieron más atractivos.
Por otra parte, ante la llegada de más ensayos clínicos entre 2024 y 2025, el proceso local perdió rapidez. Llegaron muchos proyectos y el ISP no realizó las inversiones en recursos necesarias para mantener la agilidad, lo que ralentizó los tiempos de aprobación, al mismo tiempo que México, Brasil y Argentina se volvieron muchísimo más rápidos. Ambos factores hicieron que Chile perdiera competitividad y atracción en este ámbito.
— ¿Qué disposición ve de parte de las autoridades, como el Minsal y el ISP, para garantizar que Chile sea más competitivo en este sector?
— Se han hecho avances bastante importantes en los últimos dos meses en términos de agilidad regulatoria. El ISP ha inyectado más recursos para ser más competitivo, rápido y estar en línea con la competencia regional. Aún no llegamos a los tiempos regulatorios óptimos; por ejemplo, Argentina está en 20 días. Chile promediaba unos 50 días de aprobación, pero después de un ciberataque los tiempos se triplicaron, llegando a 156 días. Hoy estamos volviendo a un rango de entre 50 y 60 días. Debemos destinar más recursos y agilidad para competir especialmente con Argentina, pero ha habido avances y una buena recepción.
El costo de los medicamentos
— Una gran preocupación de los chilenos en salud es el costo de los medicamentos. De hecho, según una encuesta de Ipsos, más del 70% declara sentirse desprotegido en este aspecto. Chile cuenta con el GES o la Ley Ricarte Soto, pero ¿cree que estas políticas públicas son suficientes? ¿En qué aspectos ve oportunidades de mejora?
— Aquí hay dos ámbitos. Primero, a pesar de los avances —como el GES, que cubre 87 patologías, o la Ley Ricarte Soto, con 27 o 28—, la cobertura de medicamentos en Chile sigue siendo insuficiente. Al mirar las cifras macro, observamos dos temas. Por un lado, los medicamentos no forman parte de los planes de salud por defecto ni de manera amplia. Las excepciones son programas específicos como el GES, la Ley Ricarte Soto, el DAC, sin embargo, son parciales, y los medicamentos —especialmente los ambulatorios— quedan fuera.
El último estudio Health at a Glance de la OCDE muestra que el gasto de bolsillo en Chile llega al 66%, que es lo que financian las familias, mientras que el promedio de la OCDE es del 38%. Esta diferencia también se refleja en el esfuerzo público: mientras los países de la OCDE destinan más del 1% del PIB al financiamiento de medicamentos, Chile destina alrededor del 0,5%, es decir, la mitad o menos. Esto genera una gran disparidad: una consulta médica o un examen tienen cobertura y copago según el plan de Fonasa o Isapre, pero los medicamentos no están incluidos en esa protección financiera, lo cual es muy relevante.
— Este tema también salta al debate público cuando vemos a madres o padres realizando caminatas hacia La Moneda por fármacos para ciertas enfermedades raras que no están incluidas en las políticas actuales. ¿Ve espacios de mejora en este punto o la posibilidad de una alianza público-privada?
— Los países que han resuelto el problema del gasto de bolsillo y la cobertura para enfermedades catastróficas lo han hecho incorporando los fármacos a los planes de salud o mediante un fondo especial para enfermedades catastróficas con un aporte estatal relevante. Ahí radica nuestra mayor brecha. Chile destina el 0,1% del PIB a medicamentos innovadores y de alto costo, mientras que países como Argentina y Brasil están por sobre el 0,2%, prácticamente el doble.
Para subsanar esto se requiere fortalecer la Ley Ricarte Soto: ampliar el fondo, flexibilizarlo, limitar el encaje financiero y extender las coberturas. También se necesita modernizar su gobernanza para realizar evaluaciones de evidencia continuas y no cada tres años. Esta ley, que es una de las mejores herramientas de protección financiera que tenemos, está estancada prácticamente desde 2019, sin incorporar nuevas patologías ni medicamentos en los últimos seis años.
Chile en deuda con las moléculas innovadoras
— Pasando a otro tema, entiendo que la Cámara de Innovación Farmacéutica identificó como un desafío la baja cobertura que existe en el país respecto a las moléculas innovadoras. ¿Podría explicarle al público general qué son estas moléculas y qué consecuencias tiene este desafío que observa la cámara?
—Los montos que el Estado destina a moléculas innovadoras están muy por debajo del promedio de América Latina. Ni siquiera nos comparamos con los países de la OCDE, sino con nuestros vecinos; Chile, teniendo el PIB per cápita más alto de la región, destina menos de la mitad a estos fármacos. Las moléculas innovadoras tienen un impacto enorme en reducir la discapacidad y evitar hospitalizaciones. También disminuyen la judicialización de la salud. Debido a la baja cobertura para medicamentos de alto costo, las personas se ven obligadas a judicializar o a recurrir a bingos, rifas y caminatas para visibilizar su necesidad. Esto afecta directamente los resultados de salud.
Un caso icónico en Chile es la incorporación al programa de inmunización del Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal para el virus sincicial. Su implementación demostró una disminución de más de 77.000 hospitalizaciones y evitó muertes de niños por virus sincicial. Esto genera un ahorro tremendo al sistema: antes vivíamos colapsos hospitalarios cada invierno, algo que ya no ocurrió el año pasado ni este año. No es solo un costo humano evitable, también es un ahorro para el Estado, impactando incluso en la reducción de licencias médicas.
La agenda en el Congreso y la evaluación del Minsal
— ¿Qué opinión tienen sobre los proyectos de ley que se están discutiendo en esta área? ¿Hay alguno que considere prioritario? Además, ¿qué piensa sobre propuestas que han trascendido a la opinión pública, como la devolución del IVA a los medicamentos? ¿Va en la dirección correcta?
— El proyecto que moderniza la Ley Ricarte Soto, que hoy está en el Senado y aún no se ha puesto en tabla, va en la dirección correcta. Es fundamental que avance para modernizar su gobernanza y flexibilizar el fondo, que actualmente es fijo. Por otro lado, respecto a la devolución del IVA, llevamos décadas discutiendo el gasto de bolsillo centrándonos solo en el momento en que la persona llega a la farmacia. La realidad internacional demuestra que los países que han resuelto este problema no lo hacen rebajando costos en el mostrador, sino incluyendo los medicamentos en los planes de salud públicos y privados.
Cuando se incluyen los medicamentos en los planes de salud, no solo cambia quién financia, sino que se ordena el mercado. La competencia deja de depender de millones de decisiones individuales en la farmacia y pasa a operar mediante la evaluación de evidencia, negociación de precios, compras estratégicas y decisiones de cobertura basadas en el valor terapéutico. Es muy distinto cuando la compra la realizan Fonasa o las Isapres a cuando una persona natural debe enfrentar el gasto por sí misma.
— La Cámara de Innovación Farmacéutica se reunió con la ministra de Salud hace algunos meses. ¿Qué evaluación hace de este encuentro y de la disposición del Minsal ante los temas que plantearon?
— Tengo una muy buena opinión de la ministra y de su gestión. Está muy enfocada en resolver las urgencias del sistema de salud, pero sin perder de vista los problemas de mediano y largo plazo. Entre los temas relevantes están poner en tabla la modernización de la Ley Ricarte Soto y lograr la interoperabilidad total del sistema de salud. También es clave avanzar en compras innovadoras, dando continuidad a la política de acuerdos de riesgo compartido para medicamentos de alto costo. Este modelo de compra, donde se paga según los resultados de salud, genera certezas en el gasto fiscal y amplía el acceso a estos tratamientos.
