Una de las primeras lecciones de probidad que aprendemos de niños es simple: si nos mandan a comprar pan, hay que volver con la boleta y el vuelto. Esa lógica elemental parece haberse extraviado en parte del aparato público. De las 177 fundaciones creadas entre 2022 y 2026 que recibieron recursos fiscales, 79 no registran rendiciones acreditadas por los fondos transferidos.
Ese es uno de los hallazgos más preocupantes del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que detectó más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones que no han acreditado la ejecución de esos aportes. El problema es evidente: el Estado no fue capaz de verificar adecuadamente el destino de los recursos públicos, y muchos de sus receptores tampoco cumplieron con la obligación básica de demostrar que fueron utilizados para los fines comprometidos.
Es indispensable aclarar el destino de esos recursos, porque lo que está en juego es la confianza pública. Resulta paradójico que sectores políticos que durante años cuestionaron el lucro y exigieron mayor probidad hayan terminado protagonizando una crisis que golpeó precisamente a organizaciones sin fines de lucro. Casos como los de Democracia Viva y Pro Cultura no solo comprometieron a sus responsables, sino que también dañaron la reputación de miles de fundaciones y corporaciones que realizan una labor valiosa para el país.
Ese es el verdadero costo del abuso. Cuando unas pocas instituciones utilizan indebidamente recursos públicos, todo el ecosistema filantrópico pierde credibilidad. En un país donde organizaciones como la Teletón, Desafío Levantemos Chile o Bomberos generan altos niveles de confianza ciudadana, resguardar la transparencia no es un requisito burocrático: es una condición para preservar la legitimidad de quienes sí cumplen su misión.
El problema no se limita a las fundaciones. El mismo informe detectó pagos de JUNAEB por cerca de $14.000 millones correspondientes a raciones de alimentos que no fueron entregadas, observaciones respecto de más de $100.000 millones administrados por el Ministerio de Ciencia para Becas Chile, y otras transferencias cuyos objetivos no habrían sido debidamente acreditados. Cada peso que sale del Estado debe estar respaldado por una rendición de cuentas; de lo contrario, corresponde exigir responsabilidades y recuperar los recursos cuando proceda.
Devolver fondos no utilizados y perseguir el fraude no debería ser excepcional, sino una práctica normal en un Estado que aspire a recuperar la confianza ciudadana. Esa misma lógica explica medidas como cobrar el CAE a quienes tienen capacidad de pago o retener devoluciones de impuestos a quienes defraudaron el sistema de licencias médicas. La ley pierde legitimidad cuando solo obliga a algunos.
Desde la Fundación Jaime Guzmán, que recibe recursos públicos por contratos de asesorías parlamentarias, destinamos todos los meses tiempo y esfuerzo a rendir detalladamente cada pago ante el Congreso Nacional. Es un proceso lento y burocrático, pero es la forma correcta de acreditar que los recursos fueron utilizados para los fines que justificaron su entrega. Quienes integramos la sociedad civil debemos ser los primeros en exigir ese mismo estándar para todos.
Las cifras son elocuentes: de los más de $11.000 millones transferidos a fundaciones creadas entre 2022 y 2026, sujetos a rendición, cerca de $6.500 millones —aproximadamente el 60%— no han acreditado cómo gastaron esos recursos. La respuesta del Estado debe ser proporcional a la gravedad del problema, porque quienes debían rendir cuentas no eran niños, y lo que está pendiente de justificar no es el vuelto del pan.
