Qué exige la Convención Constitucional y por qué el Gobierno se niega a cumplirlo

De cara a la ceremonia de instalación de la Convención, algunos constituyentes solicitaron asistir acompañados, contar con más recursos para gastar en asesorías y hasta la renuncia del secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa.

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Los costos de traslado, alojamiento y alimentación saldrán del presupuesto asignado para la Secretaría Técnica. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Los costos de traslado, alojamiento y alimentación saldrán del presupuesto asignado para la Secretaría Técnica. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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A pocos días para que la Convención Constitucional integrada por 155 personas electas democráticamente se instale el domingo 4 de julio en el Palacio Pereira a las 10 horas, grupos de constituyentes han hecho público una serie de reclamos y exigencias que tienen como fin desarrollar su labor en la redacción de la nueva carta magna.

De esta manera, un sector de quienes van a redactar la nueva constitución durante los próximos nueve meses -se puede aplazar hasta por tres meses más- solicitaron al Gobierno entregar mayores recursos para las asesorías, ir acompañados a la convención, que el control financiero sea realizado por la instancia y hasta la renuncia del actual secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional, Francisco Encina.

Qué exige la Convención Constitucional

1– Más dinero para asesorías

Durante el 27 de junio, en una reunión convocada por la Vocería de los Pueblos y Apruebo Dignidad, algunos constituyentes plantearon la necesidad de aumentar el presupuesto y recursos para contratar asesorías, ya que, según indicaron, estarán en desventaja respecto a otros integrantes del proceso que tienen patrimonios más elevados.

A modo de ejemplo, la convencional del distrito 9 de Apruebo Dignidad, Bárbara Sepúlveda (PC), indicó ante los otros integrantes de la instancia que existe un “problema de clases”, porque “acá hay constituyentes que nosotros sabemos que son personas adineradas, que tienen muchos recursos, con partido políticos con muchos recursos”:

“Por lo tanto, pueden optar por tener asesores externos que pueden remunerar de sus bolsillos. Esa no es la realidad de la mayoría de la Convención”, puntualizó.

Asignación de recursos en asesorías dependerá de la Convención

Lo cierto, según consta en la Guía de la instancia que entregó la Unidad de Secretaría Administrativa a cargo de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) a mediados de junio a los 155 convencionales, es que las asignaciones serán recibidas por los constituyentes de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de la Convención Constitucional, el cual será creado por los mismos integrantes luego de la instalación.

El presupuesto para la Convención Constitucional fue aprobado junto a la Ley de Presupuestos del año 2021, donde el Congreso y el Ejecutivo determinaron entregar $6.708 millones para el programa perteneciente a la partida número 22 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Estos recursos se gastarán durante los primeros 7 meses de funcionamiento -hasta diciembre-, por lo que aún falta la designación de dinero para el 2022.

Según lo aprobado en el Congreso, del total, $3.753 millones se destinarán en pagar el sueldo de los constituyentes -$2,6 millones mensuales-, sueldos de los integrantes de la Secretaría Técnica y remuneración de expertos. En tanto, $1.407 irán directamente para costear las asignaciones de los convencionales electos.

Es decir, cada constituyente tendrá $1,5 millones mensuales para costear sus propios asesores, sin contar al personal común que deberá disponer la Secretaría Técnica que garantizará traslados, alojamiento y alimentación para los convencionales.

Los $1.548 millones restantes se invertirán en habilitar el salón de honor al interior del ex Congreso Nacional, incentivar la participación ciudadana y en el inicio de actividades de la Convención Constitucional.

2– Acompañamiento para autoridades ancestrales

En paralelo a la petición de la Vocería de los Pueblos y de Apruebo Dignidad, un grupo de constituyentes pertenecientes a pueblos originarios exige en una declaración que la machi Francisca Linconao sea acompañada por sus “zugumachife”  y “yancan” -asistentes con distintas funciones- durante el desarrollo de la Convención Constitucional.

Según plantearon, ambas acompañantes “no son asesores, sino personas que deben acompañar a la machi en su calidad de autoridad ancestral”.

Así también, se pidió dar una respuesta para la constituyente Isabella Mamani del pueblo aymara, quien busca realizar una ceremonia de inicio de la Convención Constitucional. La idea es que sea acompañada por su “chacha warmi” -pareja-, un punto central según establece su cultura.

Gobierno se niega por razones sanitarias

Ante las consultas de EL DÍNAMO, desde la Segpres indicaron que el acompañamiento exigido por las representantes de los pueblos mapuche y aymara fueron descartados por la crisis sanitaria que vive nuestro país a raíz del COVID-19, donde ya implica un esfuerzo adicional reunir a los 155 integrantes de la Convención de forma presencial.

Al respecto, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, indicó a la radio Concierto que el problema del Gobierno es estrictamente sanitario.

Según explicó, “lo que pedimos simplemente es que las personas entiendan que en la ceremonia de instalación del 4 de julio a las 10:00 horas, es el último acto organizado por el Gobierno, podamos respetar normas de aforo“.

“Tenemos que ponernos en un contexto de austeridad. Yo no tengo nada contra la machi Linconao o Mamani, todo lo contrario, nosotros estamos pidiendo que comprendan que estamos en una situación de pandemia, donde no queremos hacer excepciones o dar privilegios”, agregó.

Además, la autoridad de Gobierno reveló que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dará a conocer durante los próximos días un protocolo sanitario especial para que la Convención Constitucional se pueda reunir de forma presencial, sin romper las normativas sanitarias actuales.

3– Renuncia del secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa

Junto con insistir en sus requerimientos, los constituyentes de pueblos originarios también pidieron la renuncia del secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención, Francisco Encina (Evópoli), quien fue designado por el Gobierno y antes se había desempeñado como jefe de gabinete en la Segpres.

Según indicaron los 20 constituyentes de pueblos originarios, Encina habría comunicado “la negativa a todas nuestras peticiones”, por lo que, “exigimos la renuncia inmediata del secretario ejecutivo de la Convención Constitucional”.

Acuerdo del 15 de noviembre y Gobierno respaldan a Encina

Sin embargo, el cargo que ocupa Encina y su designación responden al decreto supremo número 4 del 11 de febrero del 2021 que firmó la Segpres para dar cumplimiento al artículo 133 de la Constitución, que desde el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 establece que “el Ejecutivo deberá prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional”.

En esta línea, el subsecretario Máximo Pavez afirmó que Francisco Encina cuenta con todo el respaldo de La Moneda para seguir en su cargo, ya que ha realizado durante los últimos meses un buen trabajo.

Según solicitó la autoridad, los miembros de la Convención Constitucional al menos deberían esperar “la jornada del domingo” para juzgarlo “por los resultados”.

4–Lista del Pueblo y Apruebo Dignidad quieren control de los recursos

Además de pedir el 27 de junio más dineros para el pago de asesorías, los constituyentes de la Vocería de los Pueblos y de Apruebo Dignidad, plantearon la necesidad de “tomar el control” de los recursos monetarios de la Convención Constitucional, los cuales, según reclamaron, no pueden seguir en manos de la Segpres una vez realizada la instalación.

Al respecto, la constituyente Bárbara Sepúlveda acusó que, de lo contrario, “vamos a estar en un constante muñequeo con el Gobierno”.

Recursos serán manejados por Comité Externo

En beneficio de la probidad y transparencia de la Convención, en el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, a través de la Ley 21.200 de Reforma Constitucional, se estableció que la instancia contará con un Comité Externo que será determinado en “el mismo Reglamento” elaborado por la constituyente durante sus primeros días de funcionamiento.

Ante la contratación de expertos para apoyar técnicamente el funcionamiento de la Convención, se estableció que dichos tratos serán celebrados “a la sola solicitud del órgano que el Reglamento de la Convención determine” o de su presidente, mientras aún no se dicte dicho documento. 

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