El pleno de la Convención Constitucional aprobó la norma que consagra el derecho ” a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.
Esto, tras conseguir 133 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones.
Junto con ello, también pasará al borrador de la nueva Constitución que el Estado tome todas las medidas para asegurar “el goce universal y oportuno de este derecho”, por lo que deberá tener en cuenta “habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley”.
Sin embargo, el resto del articulado no tuvo la misma suerte y deberá volver a comisión, ya que se rechazó que el Estado participe de manera directa en el diseño, construcción y distribución de la vivienda y servicios básicos.
A esto se suma la norma que apuntaba a garantizar que “los poderes públicos considerarán especialmente en el diseño de los planes de vivienda a personas con bajos ingresos económicos y otras que establezca la ley. Estas viviendas están exentas del pago de cualquier tipo de contribuciones y son inembargables”.
Misma situación con el artículo que apuntaba a que las políticas públicas de diseño de planes de vivienda y organización territorial, por parte del Estado, tengan en consideración la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios.
Además, también volvió a comisión la normativa que consignaba que “el Estado garantizará la creación de viviendas de acogida para la protección integral a los adultos mayores, infancia, mujeres, disidencias y diversidades sexuales frente a la violencia de género y otras formas de vulneración que atenten contra la vida digna”.
