El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, descartó durante este jueves que las opiniones de las autoridades sobre el avance del proceso constituyente impliquen una “campaña electoral” de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
El directivo habló sobre el tema luego que desde la oposición cuestionaran el rol del Gobierno frente al trabajo de la Convención Constitucional al no declararse como “neutral” frente al destino de la nueva Constitución.
La polémica creció más tras la transmisión de un live de Instagram protagonizado por los ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson, en donde dan a conocer los artículos aprobados por el órgano redactor.
Tagle señaló que “no constituyente campaña electoral, primero en esta etapa donde se están discutiendo las normas, que autoridades ya sea del Gobierno, del Parlamento o de otros organismos autónomos opinen sobre esas normas, especialmente si son de competencia”.
“Todos fuimos invitados a opinar, los organismos autónomos a la Convención. La Corte Suprema ha manifestado su opiniones sobre las normas de nombramiento de los jueces, por poner un ejemplo, eso no constituyente campaña”, agregó.
El abogado también explicó que “tampoco constituye campaña y está expresamente puesto en la disposición transitoria cuadragésima segunda de la Constitución, emitir opiniones personales por cualquiera de los medios”.
Durante esta mañana el contralor Jorge Bermúdez entregó algunas señales sobre el rol que debería tomar el Ejecutivo frente al plebiscito, considerando las normas vigentes.
“En el uso de recursos públicos, en el uso de horario laboral, o en el ejercicio del cargo, los funcionarios o autoridades no pueden manifestar una opción por una u otra de las alterativas que pueda haber en una elección”, precisó.
Bermúdez agregó que fuera de horario laboral y sin usar recursos públicos, las autoridades del gobierno pueden “manifestar sus opciones, como cualquier ciudadano”.
El contralor general también solicitó al gobierno “garantizar que el proceso sea transparente, participativo e informado”, por ende, “deben ser informadas por igual (el Apruebo y Rechazo) y eso implica un deber de prescindencia”.
