Prófuga Karen Rojo tendrá nuevos abogados
El máximo tribunal aceptó que la ex alcaldesa de Antofagasta, que se fugó en marzo tras ser condenada por fraude al Fisco, sea patrocinada por Daniel Mackinnon y Felipe Moraga.
Por Sebastián Dote
La ex jefa comunal está prófuga desde marzo. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La Corte Suprema acogió la solicitud realizada por la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien pidió el cambio de sus abogados en la causa por la que fue condenada por fraude al Fisco.
La ex jefa comunal, que se fugó en marzo pasado luego que el máximo tribunal confirmara la pena de cinco años y un día de presidio efectivo, había pedido el cambio de sus patrocinantes tras la salida de la salida del abogado del estudio Bofill, Escobar y Silva.
Según lo publicado por Soy Antofagasta, la Suprema ratificó que Daniel Mackinnon y Felipe Moraga podrán representar a la ex alcaldesa, quien ante la falta de abogados debía ser respaldada por una defensora pública.
“Estamos absolutamente conformes con esta resolución de la Excelentísima Corte Suprema ya que con esto se cumple con la legislación vigente, ley 20.866, que sí permite comparecer ante un Tribunal a través de firma digital avanzada, por la oficina judicial virtual y con la clave única de todo Chileno; esto es un vuelco a lo resuelto por el Tribunal de Garantía en que se exigió erróneamente la comparecencia a través de Zoom de la imputada”, afirmó el abogado Felipe Moraga.
El cambio de abogados había complicado la estrategia de Rojo, ya que el titular del tribunal de garantía de Antofagasta, magistrado Alejandro González, puso como exigencia que se presentara por videollamada para concretar el trámite, lo que daría cuenta de su ubicación exacta, permitiendo así su detención.
Ante esto, la otrora autoridad debió explorar otras alternativas ante sus nuevos abogados para poder concretar el cambio de patrocinio.
La ex autoridad antofagastina viajó a Países Bajos, quedando con una orden de captura por parte de Interpol. Hasta el momento no ha podido ser encontrada por las autoridades nacionales para hacer efectiva su condena de cárcel.
