Por 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el Senado respaldó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Escazú.
La aprobación incluye la “declaración interpretativa” propuesta por la Cámara que apunta a la aplicación del acuerdo en relación al derecho interno; reconoce los avances del país en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental, entre otros.
Tras la votación, la ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola y su par de Medio Ambiente Maisa Rojas, agradecieron el respaldo entregado por el Senado y valoraron las implicancias que tiene para nuestro país haber aprobado este instrumento internacional, señalando que se trata de una “votación histórica” y un “momento para festejar”.
Cabe hacer presente que se incluye la primera disposición vinculante en el mundo sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La aprobación de este instrumento internacional promueve un proceso de transformación de la institucionalidad ambiental, para que ésta se adecúe a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática y a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales de cada territorio.
Durante el debate los aspectos centrales de la discusión fueron: las consecuencias y efectos de la aprobación del Acuerdo; la autoejecutabilidad de sus disposiciones; la relación de la aprobación del Acuerdo con eventuales disputas con países limítrofes, y el plan de implementación y la hoja de ruta.
El senador Jaime Quintana, presidente de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, instancias que estudiaron el texto, resaltó que el objetivo del Acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales; y crear y fortalecer las capacidades y la cooperación necesarias para su implementación. Lo anterior, con el fin de contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
