El presidente Gabriel Boric entregó durante este miércoles la primera Cuenta Pública de su gobierno, en donde profundizó en los desafíos que enfrenta el país en medio del proceso constituyente, que se definirá con el plebiscito de salida del 4 de septiembre.
En la parte inicial de su discurso, el mandatario reflexionó sobre la situación que enfrenta el país a nivel político y social, lamentando la fragmentación vivida durante los últimos años producto de la desigualdad.
“Muchas y muchos quedaron desplazados de las oportunidades del crecimiento de las últimas décadas y la política institucional no se hizo cargo de ese legítimo malestar que se estaba incubando”, afirmó, mencionando las causas del estallido social.
El jefe de Estado añadió que “mientras por un lado avanzábamos en la reducción de la pobreza, el mayor acceso al consumo, la ampliación de la matrícula en educación (grandes logros de las últimas décadas), por otro se fue consolidando un Chile fragmentado social, cultural y territorialmente. Chilenas y chilenos, esta fragmentación es hoy una dolorosa fractura. No podemos desconocerla ni seguir profundizándola”.
Boric habló sobre el proceso constituyente y el trabajo de la Convención Constitucional, destacando que “a pesar de enfrentar una pandemia, con un clima de polarización política y una crisis institucional, en el marco de un amplio proceso de debate y deliberación democrática, se ha logrado avanzar en la redacción de un borrador de nueva Constitución”.
“Ha habido tropiezos, errores y aprendizajes en el proceso (…) Pero si hoy los podemos evaluar es justamente porque en el momento más crítico de nuestra historia reciente, optamos por resolver nuestras diferencias con más democracia, no con menos. Invito a este honorable Congreso a que no pasemos de la triste frase no lo vimos venir a aquí no ha pasado nada”, mencionó.
De todas formas, el mandatario precisó que cualquier decisión que la ciudadanía tome sobre la nueva Carta Magna es “legítima” y debe ser respetada.
“El 4 de septiembre próximo nos enfrentaremos a una decisión trascendental: aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución. Ambas opciones son legítimas, y el gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada”, sentenció.
