Los partidos oficialistas — agrupados en Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático— dieron a conocer el acuerdo político alcanzado para precisar aspectos de la propuesta de Constitución, y cuyo objetivo es “aclarar ciertas dudas” y plantear cambios al texto constitucional en caso de que gane la opción Apruebo en el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre.
En un texto de 6 páginas titulado “Unidos y unidas para aprobar una nueva constitución” se apunta a precisar materias del texto constitucional y se proponen modificaciones y cambios, por ejemplo, en el Sistema de Justicia.
En el documento también se advierte que el acuerdo es “sin perjuicio de otras (enmiendas) que más adelante puedan surgir del debate nacional”.
Las materias que se precisan son cinco: Sistema Político, Seguridad, Derechos Sociales, Justicia y Plurinacionalidad. Y no incluyen ninguna mención a la desaparición del Senado, el punto que más molestia genera a los partidos.
El documento fue suscrito por los presidentes y representantes de partido Natalia Piergentilli del PPD; Patricio Morales del Partido Liberal; Tomás Hirsch de Acción Humanista; Lorena Fríes del Movimiento Unir; Paulina Vodanovic del PS; Leonardo Cubillos del PR; Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática; Flavia Torrealba de Federación Regionalista Verde Social; Guillermo Teillier del Partido Comunista, y Diego Ibáñez de Convergencia Social.
“Las fuerzas políticas firmantes, en la búsqueda de colaborar y lograr una nueva Constitución para Chile, suscribimos el presente acuerdo con el fin de contribuir a que las chilenas y chilenos, en el marco del plebiscito que celebraremos el día 4 de septiembre de 2022, tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo (…) El presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado”, señala el texto.
Mejoras sobre plurinacionalidad
En materia de Plurinacionalidad se aclara que sobre la consulta indígena, se establecerá que “alcance sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. (…) y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.
Agrega que las autonomías territoriales contempladas en la Constitución se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y que “para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile.
Asimismo, se propone que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional.
Derecho de propiedad y a pensión digna
En materia de pensiones el documento presentado por los partidos oficialistas precisa “que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.
Agrega que “la propiedad de las viviendas, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia”.
Salud, sistema político y Poder Judicial
Señala además que el Sistema Nacional de Salud permitirá “innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” y que la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados.
En relación al Sistema Político propone “necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irrogue directamente gastos al Estado” y que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.
Sobre materias del Poder Judicial “proponemos reemplazar, en la Constitución, la denominación Sistemas de Justicia por la de Poder Judicial” y también “revisar la composición “del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces”.
