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Justicia admite querella contra el Gobierno por compra de 700 mil ejemplares de propuesta de nueva Constitución

La acción judicial fue presentada por el abogado RN Marcelo Brunet, quien también presentó un oficio en Contraloría acusando falta de prescidencia del ministro Giorgio Jackson.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella por el delito de malversación de caudales públicos, luego que el Ejecutivo realizara un proceso de compra directa para casi 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución.

La acción judicial fue presentada por el abogado RN Marcelo Brunet, quien también presentó un oficio en Contraloría acusando falta de prescidencia del ministro Giorgio Jackson y el Presidente Gabriel Boric.

Brunet declaró a MegaNoticias que “entendemos que no había causa de urgencia para la adquisición de esos ejemplares. Por lo tanto, debía haberse hecho por licitación pública, cosa que no ocurrió”.

El abogado detalló que “en segundo término, se hace con fondos que debieron reintegrarse al erario nacional, y que no debieron haber sido gastados como un gasto relacionado a la Convención, que a la fecha del gasto no existía y no tenía existencia legal. En último término, la Secretaría General de la Presidencia no tiene facultades para efectos de realizar esta situación”.

“Estos hechos, a nuestro juicio, generarían la existencia de un eventual delito, y por eso le hemos solicitado al Tribunal que ordene al Ministerio Público investigar la eventual existencia del mismo”, agregó.

La querella apunta a la resolución exenta del 21 de julio de 2022, de la Subsecretaría General de la Presidencia, donde se aprobó la impresión y distribución de 692 mil ejemplares de la propuesta emitida por la Convención Constitucional.

“Los responsables de aquello son el ministro Secretario General de la Presidencia, don Kenneth Giorgio Jackson Drago…, y la subsecretaria, doña Macarena del Carmen Lobos Palacios”, señala la querella presentada por el abogado Marcelo Brunet.

Consultados sobre esta querella, desde la cartera dirigida por Giorgio Jackson indicaron que “hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de información ni hemos sido notificados. Entendemos que, dada la decisión del tribunal, el Ministerio Público tiene la obligación de abrir una investigación. Sin perjuicio de ello, desde el Ministerio reiteramos que los antecedentes han sido siempre de público conocimiento y expresamos nuestra completa disposición a exponer los antecedentes”.

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