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25 de Septiembre de 2022

Gobierno reitera que todas las víctimas de violación a DD.HH. en estallido social tendrán pensión de gracia

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recordó que para que esos casos deben pasar por la validación del INDH.

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Monsalve reiteró que todas las víctimas que sean validadas por el INDH, recibirán su pensión de gracia. Archivo.
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El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó todas las víctimas de violación a sus derechos humanos durante el estallido social recibirán la pensión de gracia, tal como está comprometida.

El funcionario abordó el tema después de que se asegurara que ninguna de las personas que resultaron afectadas por estos hechos en la región del Bío Bío, ha recibido la reparación que les correspondería.

El subsecretario Monsalve fue consultado sobre el tema, ya que depende del Ministerio del Interior la entrega de la ayuda económica a las mencionadas víctimas.

Proceso centralista

Rodrigo Lagarini fue una de esas víctimas en la mencionada región, tras perder la visión en uno de sus ojos.

Según le dijo a radio Bío Bío, considera que el proceso es “lento y centralista“.

Lagarine criticó también que no se le asigne la urgencia que exige un tema de tanta relevancia.

Lo anterior, luego de que hace unas semanas se dio a conocer que desde junio pasado el Ministerio del Interior efectivamente ha entregado el visado de la pensión de gracia para 296 víctimas.

Sin embargo, en esa cifra total no hay ninguna de las 24 personas de la región del Bío Bío que ya fueron certificadas como víctimas de violación a sus derechos humanos durante el estallido social por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Al ser consultado por este punto, el subsecretario del Interior reiteró el compromiso del Gobierno en cuanto a que todas las personas que hayan visto violados sus derechos humanos durante estallido social, recibirán las pensiones que fueron comprometidas.

Manuel Monsalve enfatizó que para que aquello ocurra los casos deben pasar por la validación del INDH.

Hasta la fecha el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha certificado 24 de los 28 casos denunciados en la región del Bío Bío.

Luego es el Ministerio del Interior el que determina el monto de la pensión, que va desde los 250 mil a los 500 mil pesos.

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